Está claro que se puede tener sobre el juez Garzón, sobre su personalidad pública y sobre el modo que en que lleva adelante las instrucciones, la opinión que se quiera. Algunos de sus detractores se consideran sus víctimas y lo achacan a discrepancias ideológicas o a una suerte de afán por salir en los medios de comunicación con asuntos o decisiones llamativas. Si en el pasado he discrepado del modo en que ha llevado ciertos asuntos, algunos en la base de las querellas que se han presentado ante el Tribunal Supremo, no puedo ahora sino ratificarme. Lo que no logro entender es que, en tan importante tribunal, se quiera convertir todo eso en delito de prevaricación, cuya justificación no veo por ningún lado, ni en los hechos ni en los autos del juez Varela. El único argumento para seguir con todo esto -incluido el cambio de doctrina en el Consejo General del Poder Judicial para tratar su hipotético apartamiento de la carrera judicial- no puede ser otro que afirmar, con una cierta sorna, que se le está dando lo que piensan que él ha dado a otros. Absurdo consuelo si lo que queremos es que se haga Justicia y no se utilicen los tribunales para otros asuntos, más o menos personales, más o menos ideológicos.
La abstención de Margarita Robles en el Consejo es un documento que prueba, si quedaba alguna duda, su enconamiento con el magistrado de la Audiencia Nacional. Se tenga la opinión que se tenga sobre Garzón, nadie podría negar a estas alturas que, por decirlo suavemente, hay en el Supremo algunos colegas que se la tienen jurada. La impresión, desde fuera de la Administración de Justicia, no puede ser otra que este asunto, como tantos otros, está contaminado por los problemas de politización y manejos internos que asolan a la Justicia española, al propio Consejo y a los nombramientos del mismo. Menos mal que el fiscal Zaragoza, que no parece precisamente un íntimo de Garzón, se ha comportado en este asunto con una profesionalidad y sentido común que cada vez es menos común en los tribunales.
Germán Yanke