Gobierno central y Xunta iniciarán el martes las negociaciones sobre la Ley de Cajas gallega

La reunión ha sido convocada para el mismo día que la que se celebrará entre el Gobierno central y el gallego centrada en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), instrumento contra el cual la Xunta tiene preparado un recurso por si no llegan a un acuerdo. Fuentes del ministerio aseguraron que ambas reuniones "son distintas e independientes", ya que "una es más técnica y la otra más política".

Así, a la reunión centrada en el FROB está prevista la asistencia por parte de la Xunta de la consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás, y de cargos más técnicos, como el director de Política Financiera y Tesoro; el subdirector de Supervisión de Cajas de Ahorro y Entidades Financieras; la directora de la Asesoría Jurídica de Presidencia; el director de Relaciones Institucionales y Parlamentarias y la jefa del Servicio de Documentación de esta última dirección general.

Por su parte, en la apertura de negociaciones sobre la Ley de Cajas está previsto que participen, además de la consejera Marta Fernández Currás, el consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, mientras que el Ministerio de Política Territorial ha designado por su parte al secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.

La Xunta emitió un comunicado en el cual manifiesta su confianza en que la reunión entre ambos gobiernos sirva para realizar un trabajo "serio, sólido y sin apriorismos" y defiende que la ley gallega "respeta la Constitución, como las leyes aprobadas en otras comunidades autónomas, el Estatuto de Autonomía y cualquier garantía de solvencia que ha de tener toda fusión".

Por su parte, el departamento de Chaves insistió en que su voluntad es explorar la vía de "un acuerdo que permita resolver las discrepancias existentes", porque entiende que la ley gallega incurre en "una extralimitación en la competencia que Galicia se otorga en materia de solvencia y naturaleza de las cajas como entidades de crédito, así como en la regulación de sus órganos de representación".

El pasado miércoles, Feijóo aseguró en el Parlamento gallego que la Xunta tiene "preparado" un recurso contra el FROB y advirtió de que lo presentaría si, en la reunión bilateral con el Gobierno central del próximo martes, se certifica su "deslealtad" con Galicia, una actuación en la que se mostró de acuerdo el BNG. "Recurso contra recurso", llegó a reclamar el portavoz parlamentario nacionalista, Carlos Aymerich.

Previamente, el pasado lunes, el ministro Chaves le había manifestado por carta a Feijóo la voluntad del Gobierno central de alcanzar un "acuerdo dialogado" sobre la Ley de Cajas de Galicia, de modo que "solventara de forma pactada las discrepancias existentes y pudiera dar satisfacción a todos los intereses", tras lo que se retiraría el recurso de inconstitucionalidad.

El presidente gallego le respondió también mediante una carta, en la cual apremiaba a iniciar "cuanto antes" el diálogo entre los Ejecutivos central y autonómico para "aclarar las discrepancias" sobre la Ley de Cajas gallega y "facilitar la pronta retirada del recurso" de inconstitucionalidad.

El recurso ante el Tribunal Constitucional fue formalizado por el Gobierno central el pasado martes, pero aún está pendiente su admisión a trámite, según confirmaron a Europa Press fuentes del órgano judicial. Cuando se complete este trámite sería cuando los 10 preceptos de la Ley de Cajas gallega recurridos por el Ejecutivo central quedarían en suspenso por un período que podría extenderse durante cinco meses, a no ser que se produjese la retirada del recurso.

La Abogacía del Estado argumenta en el texto registrado ante el TC contra diez preceptos de la nueva normativa gallega, los mismos incluidos en el primer informe del Gobierno y sobre los que dictaminó el Consejo de Estado, pues entiende que dos de ellos vulneran competencias en materia de solvencia y naturaleza de las cajas (el que se refiere al déficit patrimonial y la autorización de la Xunta para participar en un SIP), y los restantes no respetan lo dispuesto en la norma estatal sobre los órganos de representación. A lo largo de 56 páginas, el recurso afirma que el examen de la ley gallega "arroja importantes incongruencias con la normativa estatal básica".

Sin embargo, la Xunta replica que la normativa gallega, aprobada el 29 de diciembre del 2009 con los votos del PP y del BNG, es "similar e idéntica" a otras leyes autonómicas de cajas que no fueron recurridas, como la catalana, la andaluza o la vasca. Asimismo, Facenda defiende la constitucionalidad de todos los puntos de la normativa gallega.

En este sentido, el presidente gallego ha manifestado su disposición "a acordar pero no a recortar" la ley aprobada en el Parlamento gallego. "Estamos dispuestos a dialogar, pero no a aceptar discriminaciones", aseguró para apostar por "coger la legislación que no ha sido recurrida en otras comunidades y contrastarla con la gallega que, sorprendentemente, sí se recurre".

Feijóo se ha quejado de que el Gobierno central presentase recurso contra la ley gallega sin haber escuchado previamente a la Xunta, máxime cuando disponía de un plazo de tres meses, hasta el seis de abril, para formalizarlo. No obstante, el proceso de aplicación de la ley gallega, que prevé la renovación del 75% de las asambleas de las cajas gallegas en un plazo de dos meses, antes del 6 de marzo, ya está en marcha desde su entrada en vigor a principios de enero y los representantes del Parlamento ya fueron elegidos en el pleno de este martes.

Si Gobierno central y el gallego no llegan a un acuerdo, la suspensión de la ley podría dificultar en la práctica la fusión de las cajas gallegas que defiende la Xunta y a la cual se opone Caixanova, porque el proceso de renovación de los órganos de gobierno de ambas entidades podría quedar suspendido durante cinco meses y el plazo para recurrir al FROB finaliza el 30 de junio. Sin embargo, la conselleira de Facenda ha asegurado que una fusión entre Caixa Galicia y Caixanova podría darse, pues la decisión corresponde a los órganos de gobierno de las cajas y es "independiente" de este proceso.

Finalmente, el pasado martes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró que el Ejecutivo no tiene inconveniente en que las cajas de ahorros de Galicia se fusionen, pero insistió en que se debe hacer respetando las competencias del Banco de España. Asimismo, al día siguiente juzgó que la Ley de Cajas de Galicia es una "expresión evidente" de "interferencia política" en la actividad de las entidades.