CDC amañó contratos por más de 175 millones de euros

El juez central de instrucción José de la Mata ha situado en más de 1.000.000 de euros el montante global de las comisiones recibidas por Convergència Democrática de Catalunya (CDC) entre 2011 y 2015 a cambio de la concesión de obra pública.

Es una estimación a la baja (tal y como lo especifica el juez en un  auto dictado el pasado mes de mayo), dado que esta cifra se ha obtenido sólo a partir del análisis de 24 de los contratos de obra pública concedidos por distantes administraciones gobernadas por Convergencia que obran en la causa del llamado caso del 3%.

Sólo esos contratos  alcanzan la suma de los 175.000.000 de euros.

 Conducta criminal

“Estamos ante una conducta sistémica, estructural y organizada de manipulación de la contratación pública a gran escala y de la vulneración de los principios básicos y rectores de la asignación de caudales públicos, a lo largo de muchos años, con participación de un partido político con el gobierno (CDC), fundaciones  (CATDEM y FORUM), y de múltiples instituciones públicas como Generalitat de Catalunya,  Ayuntamiento de Barcelona, Consorcio de Educación de Barcelona, BIMSA, Infraestructures.Cat, Autoridad portuaria de Barcelona, distintos municipios catalanes, etc.,  junto a decenas de empresas del ámbito nacional y autonómico”. El juez de la Mata es claro en sus consideraciones y por ello asumió la competencia de este caso, el conocido como “caso del 3%”, que durante años ha investigado el juzgado número 1 de el Vendrell de Tarragona. 

Dinero para el partido y para los políticos

Según de la Mata esto sólo es la punta de iceberg dado que con sólo una aparte de los datos existentes en esta macro causa se puede afirmar que “la economía nacional se pudo ver alterada por el volumen  de contratación que quedó fuera de las reglas del derecho y la justa y libre competencia para ser adjudicadas torticeramente y a cambio de donaciones para el partido político CDC y prebendas personales para los actores participantes en los procesos de adjudicación  o en el tráfico de influencias”.

A de la Mata le parece especialmente sospechoso que algunos de los principales implicados tengan su residencia fiscal fuera de España y cree que hay motivos suficiente para investigarles por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, organización criminal y financiación irregular de partidos políticos.