viernes, septiembre 30, 2022
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17 años de juicios rápidos en España, ¿qué supuso este cambio?

Este cambio, a través del cual procesos anteriormente pesados pasaban a solucionarse en cosa de uno o dos meses, sirvió también para cambiar una concepción ciudadana muy instaurada en la sociedad como era la lentitud de la persecución penal

El pasado 24 de octubre se cumplieron 17 años de la entrada en vigor de la Ley 38/02 que reformó parcialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal y abrió las puertas del enjuiciamiento rápido a determinados delitos y faltas. Con este cambio se logró dar un impulso a la eficacia y eficiencia en la persecución de aquellas infracciones penales que no revisten tanta gravedad pero que hasta la fecha ocupaban un espacio y tiempo en los tribunales similar al de asuntos de mayor enjundia.

Con motivo de esta efeméride y con la intención de conocer si en estas casi dos décadas de vigencia se ha logrado cumplir uno de los propósitos principales de esta ley, “producir un giro en los hábitos de nuestra Administración de Justicia, en la percepción que tiene la ciudadanía respecto de la lentitud de la persecución penal y en la aparente impunidad de los delincuentes” tal y como reza la Exposición de Motivos de la norma, se contactó con un bufete de abogados especializado en este tipo de procedimientos rápidos. Este método es una buena forma de saber de primera mano qué supuso este cambio y si definitivamente se alcanzó el objetivo fijado en el año 2002.

Un antes y un después 

El abogado Arturo González de Asistencia Legal Inmediata es bastante claro en su punto de vista y afirma con seguridad que “este cambio supuso un antes y un después en la confección y estructuración de los enjuiciamientos penales de procesos rápidos o urgentes”. A lo que añade que, “por todos es sabido que la rapidez va muy pocas veces ligada con el sistema jurídico”, una sensación que se trató de desterrar con la entrada en vigor de esta nueva ley.

El propio letrado asegura que con la Ley 38/02 “se consiguió simplificar de una manera radical el procedimiento de juicio rápido, además de agilizarlo. Además, a todo ello hay que sumar “que se brindó una gran competencia a los Juzgados de Guardia a la hora de instruir y enjuiciar la causa sin complejos procedimientos”. Todo ello con el fin claro de reducir los tiempos de duración de este tipo de procedimientos.

¿Se ha mejorado la eficacia y eficiencia?

Otra de las dudas que surge, más allá de si se ha logrado o no agilizar estos procesos, que todo hace indicar que sí, es si la reducción temporal de todos los pasos afectó a los fallos emitidos por los tribunales en este tipo de procesos. En otras palabras, si la aceleración de las instrucciones repercutió de alguna forma u otra en las decisiones, que hasta la fecha se tomaban con mucho más detenimiento y pausa.

Sobre esta cuestión, Arturo González despeja toda duda afirmando que “estos delitos, en líneas generales, no revisten una gran complejidad, lo cual debería significar al mismo tiempo que se pueden resolver con una instrucción simple y rápida. Cosa que anteriormente, tal y como reconoce, “no ocurría”.

Pero es que este cambio no sólo ha supuesto “una mejora a la hora de perseguir, instruir y enjuiciar este tipo de procesos”, sino que también ha servido para “desahogar a los juzgados, que ahora pueden emplear más tiempo y recursos en procedimientos que conllevan una mayor carga de trabajo”. Por lo que este abogado de dilatada experiencia en juicios rápidos concluye que “sin duda alguna se ha mejorado tanto la eficacia como la eficiencia en la persecución de infracciones penales menos graves”. 

¿Cuánto duran estos procesos?

Un dato que puede evidenciar esta evolución a la que Arturo González alude es el tiempo de duración que tiene la instrucción y resolución de este tipo de procesos que se recogen en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que van desde delitos relacionados con la salud pública, hasta delitos por lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica. También entrarían en este capítulo los hurtos, los robos, los delitos de daños o los relacionados con la seguridad del tráfico.    

En función de cuál sea el caso, “podemos estar hablando de que, a día de hoy, un juicio rápido está instruido y enjuiciado en un plazo no superior a un mes”, admite el especialista. Mientras que, “un procedimiento por delito leve puede no tardar más de un par de meses”. 

Este cambio, a través del cual procesos anteriormente pesados pasaban a solucionarse en cosa de uno o dos meses, sirvió también para cambiar una concepción ciudadana muy instaurada en la sociedad como era la lentitud de la persecución penal. Gracias a esta modificación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se produjo una modificación muy marcada de la visión de la justicia para la opinión pública. Tal es así, que el abogado llega a la conclusión final de que “la justicia ganó en confianza y reputación, cuando los ojos públicos asimilaron que había soluciones rápidas para determinados delitos”. Una reflexión con la que cierra su análisis sobre estas casi dos décadas de juicios rápidos en España.

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