El operativo, llevado a cabo por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de Madrid, tuvo su origen en una denuncia conjunta de LaLiga y Movistar, que alertaron sobre el fraude en la utilización de sus contenidos.
La operación culminó con el bloqueo de todos los canales en una conocida aplicación de mensajería instantánea donde se retransmitían los partidos de fútbol de la Primera y Segunda División española de forma gratuita. Además, se eliminó el código de programación utilizado para difundir estos contenidos sin autorización.
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Kodi y la extensión pirata: el inicio de la investigación
El método utilizado para estas retransmisiones ilegales se basaba en una extensión o ‘add-on’ desarrollada por un tercero para la plataforma Kodi, un reproductor multimedia que permite organizar y reproducir contenidos digitales tanto en diferido como en streaming. Los agentes detectaron que esta extensión permitía acceder a los partidos de pago de manera gratuita, atrayendo a más de 78.000 usuarios.
La investigación se centró en rastrear el código fuente de la extensión, lo que llevó a localizar la plataforma de mensajería donde se alojaban los enlaces para acceder a los partidos. A partir de ahí, el análisis de los pseudónimos o ‘nicknames’ vinculados al código fuente permitió identificar al responsable.
Un fraude de más de 42 millones de euros
Según las estimaciones de la Guardia Civil, este canal pirata provocó un fraude económico de 42.547.104 euros, afectando gravemente a las plataformas y entidades propietarias de los derechos de emisión. El responsable, que utilizaba un sistema sofisticado para evadir la detección inicial, fue finalmente identificado gracias al cruce de datos en las bases policiales.
Además del bloqueo de los canales y la eliminación de la extensión pirata, las autoridades han subrayado la importancia de este operativo como un precedente en la lucha contra la piratería digital en España.
Consecuencias legales y advertencia a los usuarios
La Guardia Civil recuerda que la reproducción no autorizada de contenidos protegidos por derechos de autor constituye un delito contra el mercado y los consumidores, tipificado en el Código Penal. Por ello, advierten que tanto los responsables como los usuarios que consuman estos contenidos podrían enfrentarse a sanciones legales.
La ‘Operación Corsario Azul’ supone un paso importante para proteger la propiedad intelectual y garantizar la sostenibilidad del sector audiovisual en España, destacando la colaboración entre las fuerzas de seguridad y las entidades privadas para combatir este tipo de delitos tecnológicos.