El pasado 24 de febrero Junqueras anunciaba solemnemente que ERC había llegado a un acuerdo con el Gobierno, antes de España, para condonar, según ellos, 17.000 euros de la deuda que Cataluña tiene con el Estado español (88.000 millones), la cual supone casi un 23% de la deuda Catalana.
Como siempre, en todo lo que hace Pedro Sánchez había trampa: ni una política sin su trampa, ni una medida de gobierno sin truco.
En primer lugar, lo que obedece a uno de los pactos de investidura de Sánchez con ERC, ha sido presentado como una medida que supone que el Estado reduce la deuda que tienen las Comunidades Autónomas con el Estado, en una cantidad de más de 83.000 millones… quita lo llaman, falseando la realidad los socialistas.
Se camufla en una supuesta reducción de deuda a todas las comunidades autónomas uno de los peajes que todos los españoles tenemos que pagar por tener a Sánchez en La Moncloa. Como siempre, para que Sánchez siga beneficiándose del oropel y la moqueta, todos los españoles debemos pagar, queramos o no.
Y para camuflar este favor político, el Ministerio de Hacienda estableció unos criterios confusos cuando menos en su explicación, aunque muy claros en su fin político, que según ellos eran: en primer lugar, ajustar la deuda a los habitantes, lo cual beneficia a las Comunidades bañadas por el Mediterráneo; en segundo lugar, beneficiar a las comunidades actualmente peor financiadas, según ellos las peores Cataluña y Comunidad Valencina; y en tercer lugar, ya el acabose, ayudar a las que tienen mayor presión fiscal, es decir, Cataluña. Si el primer criterio puede llegar a ser más objetivo, el segundo y el tercero, sobre todo, no ocultan de que se trata.
Pero es que eso no es todo. Con este movimiento, rechazado en el Consejo de Política Fiscal, pero que va a seguir adelante pues como decimos Sánchez se juega su bienestar, único fin del PSOE desde que es sanchista, con este movimiento se va a premiar a las CCAA más indisciplinadas presupuestariamente. Mientras las CCAA que más se han esforzado en no generar deuda y en ser rigurosas en sus cuentas, Madrid la primera, son perjudicadas, las CCAA que más se han endeudado van a ser premiadas. Y recordemos, una vez más, que gran parte de la deuda de Cataluña viene de tener una administración autonómica gigantesca, con un gasto público desorbitado por la presencia de numerosos Organismos, Entes, Consorcios o chiringuitos varios, con una TV3 que es la televisión más cara de toda España y con la mayor plantilla, con una red de oficinas en el exterior muy numerosa, o con haber hecho políticas con gran desvío de fondos para promover la ruptura con el Estado. Es decir, lo que se ha llamado la juerga independentista.
Así mientras otras CCAA han acudido al mercado a financiarse como Madrid, Cataluña se ha endeudado con el Estado con el que quería romper, y que al final va a ser quien pague todo esto. Todo ello, cosas propias de un Estado fallido.
En segundo lugar, no sólo es esto, sino que lo que hace el Ministerio de Hacienda no es una quita, sino que la deuda que reduce a las CCAA pasa a ser una deuda de todos los españoles: se mutualiza entre todos. Esperpénticamente, a los madrileños se les perdonarían 1.213 euros por habitante, pero se les generaría una nueva deuda de 1.696 euros. ¿Quién da más? Porque a menos que España no se declare en bancarrota, que todo puede ser con esta gente, aunque nadie lo desea, los españoles del futuro van a tener que pagar esta deuda de sus propios bolsillos.
Este es un pago por la investidura de Sánchez. Pero no es el último en la cohesión e igualdad de todos los españoles.
Antes de que acabe el semestre actual, el Gobierno debe formalizar el pago por haber hecho a Illa presidente de la Generalitat. Y ese no es otro que presentar el nuevo sistema de financiación de Cataluña o financiación singular o concierto fiscal con Cataluña.
Sobre esto, mucho se va a debatir y tiempo tendremos de escribir, pues seguramente tal como se anuncia, puede ser la mayor agresión a nuestra ya maltrecha Constitución. Pero de momento, si les puedo anunciar que el PP en la Asamblea de Madrid va a proponer la creación de una Comisión de Estudio a la que se llamará a expertos constitucionalistas, a expertos en Hacienda Pública, en Finanzas, y a todo el que tenga algo que decir en este debate.
En nuestras manos está denunciar el disparate antinacional que se pretende perpetrar, que nunca anunció el PSOE en ningún programa electoral, e intentar pararlo.