A lo largo de los últimos años, Google ha venido diseñando e implementando importantes estrategias anticompetitivas, también en el sector móvil, donde ha obstaculizado el uso, por parte de compañías de telefonía móvil y fabricantes de dispositivos, de otros sistemas operativos que no fueran Android.
Además, el gigante de las búsquedas se ha aprovechado de su posición dominante en publicidad online para explotarla en el ámbito de la búsqueda móvil; ha negado el acceso a la interoperabilidad de la información por parte de sus competidores, evitando así que los usuarios puedan consultar contenidos online clave; y ha cerrado acuerdos exclusivos con fabricantes y operadores móviles para establecer por defecto a Google como motor de búsqueda.
La adquisición de Motorola Mobility por parte de Google, aprobada por las autoridades competentes el pasado mes de febrero, no ha hecho más que acentuar estos problemas, permitiendo a la compañía consolidar su posición de dominio en el mercado y establecer una gran cantidad de normas de patentes que exigen cumplir restricciones que van contra la competencia en el mercado móvil.
En la actual investigación antimonopolio que la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea mantiene abierta contra Google, estas cuestiones han sido expresamente excluidas de la petición de posibles soluciones a sus prácticas anticompetitivas en el ámbito online. Esto puede deberse a que la investigación aún no haya finalizado, ya que es posible que la Comisión trate de entender mejor el mercado móvil antes de decidir cómo se estructura y analizar en consecuencia los efectos del derecho de competencia sobre él. Además, las denuncias relativas a la conducta de Google en la búsqueda online y publicidad en búsqueda móvil se plantearon en las últimas etapas de dicha investigación.
Por otro lado, cabe destacar que la evaluación de la Comisión sobre la supuesta explotación abusiva de patentes es menos concisa debido a la confluencia de la lucha antimonopolio de la UE, la ley de propiedad intelectual y los litigios civiles. La Comisión ha sancionado en el pasado abusos de patentes y, en el caso de la decisión de Motorola Mobility, indicó que la mera amenaza de litigio en relación con normas esenciales de este campo sería suficiente para obstaculizar de forma significativa la competencia efectiva en el sector, por ejemplo, en el caso de que la licencia no se haya ofrecido en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias.
De hecho, Joaquín Almunia, Comisario de Competencia de la UE, lanzó en su momento una clara advertencia, afirmando que la Comisión “continuaría vigilando de cerca el comportamiento de los actores activos en el sector y, en particular, el uso cada vez más estratégico que se hace de las patentes».
Según Andrés Font Galarza, portavoz de ICOMP en España, “confiamos en que la investigación que tiene entre manos la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, de vital importancia para el futuro de internet, frene el ejercicio de las prácticas anticompetitivas que están lastrando la innovación, restringiendo la libertad de elección de los consumidores y, en definitiva, obstaculizando el crecimiento económico. En este sentido, el mercado móvil no deberá ser una excepción.”