El Gobierno destinará «lo más probable» parte de una de las tres bandas prioritarias para el 5G -la de 26 gigaherzios- a la «autoprestación», es decir, para que las empresas puedan desarrollar su propia red de infraestructuras, en lugar de los operadores de telecomunicaciones.
«Lo más probable» es que parte de la banda de los 26 Ghz se dedique a la ‘autoprestación’, lo cual significa que no se subastará entre los operadores, a diferencia de lo que se hizo con las otras dos bandas prioritarias para el 5G, la de 3,5 Ghz y la de 700 Mhz, según afirma en una entrevista con EFE el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez.
Aún no está determinado el porcentaje de esta banda de 26 Ghz que se podría habilitar para la «autoprestación», aunque Sánchez estima que podría situarse en una horquilla de entre el 20 ó el 25 % de ella, aunque de momento no está cerrado este asunto.
Para autorizar este uso empresarial, se deberán de cumplir unos requisitos determinados, mientras que el permiso se circunscribirá a unos recintos determinados, avanza.
La banda de 26 Ghz salió a consulta pública con el fin de conocer los planes de uso tanto de operadores como de empresas. En este momento, se está en fase de análisis de las sugerencias planteadas.
Las previsiones pasan por que esta banda se adjudique a finales de año y que en 2023 esté «en condiciones de ser usada». Será la última de las tres bandas 5G que se pone en marcha en España. Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil son las telecos que en España tienen adjudicado espectro 5G.
EL 5G 100 %, IMPLANTADO «PLENAMENTE» EN 2023
España se prepara para un despliegue de 5G con el estándar «stand alone» (es decir, 100 % 5G), que será «pleno» el año que viene y que este año ya se verá «mucho», augura. Hasta ahora el 5G que se usa en España es «non stand alone» (es decir, sobre la infraestructura de 4G).
Sánchez se ha referido a la siguiente generación de tecnología móvil, el 6G, para la que aún no hay horizonte de implantación «ni en España, ni en el mundo» y para cuyo uso quedarán «probablemente seis u ocho años».
El secretario de Estado ha hecho esta entrevista en el marco del Congreso Mundial de Móviles (MWC) de Barcelona, que se clausura el jueves, lugar en el que dirigentes de operadores han reclamado un tratamiento más justo frente a las grandes plataformas tecnológicas a la hora de sufragar los costes de las infraestructuras.
Recuerda que se trata de un debate que se está dando en el ámbito europeo, donde se está analizando en grupos de trabajo, teniendo en cuenta que afecta de una forma muy especial a los operadores de redes de telecomunicaciones del continente.
El Gobierno de España muestra su «comprensión» sobre este asunto que quiere que se estudie en profundidad para determinar el modelo a seguir.
Sobre los rumores de consolidación del sector de las telecos en España, se muestra «muy prudente» porque se trata decisiones empresariales que no solo afectan al mercado español, sino a Europa.
UNA REGULACIÓN FAVORABLE A LA INVERSIÓN
Con toda su «cautela», Sánchez opina que en la regulación «debería ser razonablemente favorable a los operadores que realizan inversiones en red» porque en ellas se basan todos los servicios.
Recuerda que se está ante un ciclo de gran inversión en redes para el 5G y las empresas tienen que «tener músculo financiero» para afrontarlo.
El secretario de Estado prevé que la nueva ley de telecomunicaciones se apruebe antes del verano.
Belén Molleda