El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido este jueves, como cada semana, en la Comisión de Sanidad del Congreso y ha respondido a las críticas de los grupos parlamentarios sobre la gestión del Ejecutivo, ha adelantado que quedan semanas «todavía muy duras», sobre todo en cuanto a la presión en las UCI, y ha lamentado que el número de fallecidos (más de 10.000) es aún muy alto.
Durante la comparecencia, ha reconocido que no puede anticipar esos «escenarios futuros» y, ante la propuesta del diputado de ERC, Gabriel Rufián, de permitir que los niños puedan salir a la calle o que se pueda hacer deporte puntualmente, ha manifestado que se estudiará, al igual que otras medidas planteadas por los grupos. «Claro que estamos considerando que habrá que adoptar medidas, es una decisión muy difícil de tomar y tenemos a los mejores expertos pensando en la mejor forma de hacerlo», ha añadido.
Illa ha reconocido que no se puede afirmar que no haya un nuevo brote y ha incidido en que hay que «descartar la idea de que habrá un día en que ya volveremos de golpe a la normalidad, que nunca más nos tengamos que preocupar del virus», sino que va a haber un proceso, cuya última etapa será la erradicación del virus con una vacuna. «Pero tardará un tiempo», ha asegurado.
Sobe la situación de la epidemia, ha precisado que el flujo de nuevos casos, unido a la larga duración de estancia en la UCI de pacientes con COVID-19, indica que el nivel máximo de ocupación llegaría a niveles «especialmente preocupantes» en la segunda y tercera semana de abril.
El ministro ha señalado que el millón de test rápidos que se han recibido esta semana, con una sensibilidad entre un 64 y un 80 %, servirán para hacer un «cribado rápido» en entornos de alta prevalencia de la enfermedad, como hospitales y residencias de ancianos.
Su utilización permitirá aumentar entre un 40-60 % la capacidad diaria de las PCR, los test más fiables y de los que actualmente se hacen entre 15.000 y 20.000 cada día.
Illa ha explicado que los test rápidos, además, pueden servir como procedimiento de prueba serológica para comprobar si las personas infectadas han adquirido la inmunidad 20 días después de estar curadas.
Este segundo uso se está analizando y puede servir -ha dicho- «en la fase de desescalada de la enfermedad que estamos estudiando».
Además, España tendrá garantizada la fabricación diaria de 400 equipos de respiración asistida por parte de dos empresas: por una parte, Hersill, ubicada en Móstoles (Madrid), que producirá cien cada día a partir de mañana; y por otra, la automovilística Seat, que, con la colaboración del hospital Clinic y el Can Ruti de Cataluña, fabricará 300 unidades de equipos de respiración invasivos.
Pero antes, en las próximas horas, se recibirán 50 respiradores del Estado alemán, y este mismo jueves habrá más de 40 respiradores de la empresa Draeger.
Hasta ahora se han distribuido 16.554.815 mascarillas, 16.373.100 guantes de nitrilo, 92.624 batas desechables e impermeables, 83.938 buzos, 135.191 gafas de protección, 142.200 soluciones hidroalcohólicas y 408.371 materiales como calzas, delantales, cubremangas y gorros.
En los próximos días está previsto que se reciban «otras importantes partidas que también se harán llegar» a las comunidades, ha agregado.
El ministro ha cuantificado la repercusión de la orden dictada el pasado día 27 que permite a las autonomías contratar a más personal sanitario.
En concreto, a 17.560 técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería -estudiantes en segundo cursos de ciclos formativos de grado medio, pendientes del título- y más de 9.500 profesionales de las diferentes titulaciones de formación sanitaria especializada, los que han hecho las pruebas para tener una plaza MIR y hayan superado la nota mínima.
Sobre la actividad económica no esencial ha dejado ya sus consecuencias y, por ejemplo, ha permitido reducir la movilidad de los vehículos ligeros un 85 % respecto a un día habitual. «Creo que no se puede ir más allá», ha considerado Illa, quien ha señalado que la movilidad en estos momentos «es la mínima imprescindible» para que funcionen los servicios que el país necesita.
En respuesta a las críticas de algunos portavoces de la oposición, como la del PP, Cuca Gamarra, Illa ha subrayado que el Gobierno «no quiere cambiar la economía», sino que «está en fase de salvar vidas. Este es el objetivo esta semana y la que viene».
Aunque ha dicho no poder afirmar «categóricamente» cuántos días se va a tardar aún para ver una disminución de los fallecimientos, ha confiado en que, a medida que se vayan haciendo más test de diagnóstico, se pueda reducir la tasa de letalidad, que ahora está entre el 8-9 %.
La oposición ha coincidido en exigir al Gobierno test masivos para conocer la magnitud de la pandemia, y en primer término a los sanitarios que están en la primera línea de lucha contra la enfermedad.
El diputado socialista Daniel Viondi ha afeado al PP que se ponga «a competir en este tema con la extrema derecha» y ha pedido «responsabilidad compartida», porque en este momento «se necesita más que nunca un Estado fuerte».
Por ERC, Gabriel Rufián ha incidido en la necesidad de hacer test de forma masiva para «cartografiar la trazabilidad de la pandemia», porque «no se puede luchar contra lo que no conoces».
«Homenajes, sí, pero también medios», ha solicitado el diputado de Cs Pablo Cambronero, mientras que Josune Gorospe, del PNV, ha garantizado al Ejecutivo que su partido seguirá «empujando», si bien ha criticado que el Gobierno actúe de manera unilateral.
Para Rafael Mayoral (Unidas Podemos), los grupos políticos deben trabajar para «garantizar la sostenibilidad de la vida» de la población y ha defendido que el único propósito del Gobierno es «cuidar al conjunto del país».
El diputado de Vox Juan Luis Steegmann ha reprochado al Gobierno que haya dejado entrar el virus. «No han sido escudo, han sido un coladero; la única medida que han tomado es fracasar», ha manifestado.
«La prioridad es salvar vidas y no la cuenta de resultados», ha aseverado Néstor Rego (BNG), mientras Sergio Sayas (UPN) ha lamentado la falta de previsión del Gobierno cuando los sanitarios están «exhaustos y sin medios de protección».
Tanto desde Bildu como desde ERC se ha apostado por la «nacionalización» para hacer frente a la crisis económica y social que se derivará de la pandemia.
Varios grupos han afeado, además, al Gobierno que no permita las preguntas sin filtros de los periodistas en las ruedas de prensa telemáticas que celebra. Illa ha sido contundente: El Gobierno tiene voluntad de transparencia y no de sustraerse a las preguntas de los medios.
Estrella Digital