El Códice Calixtino ha regresado este domingo a la Catedral de Santiago de Compostela después de que fuera sustraído el 5 de julio de 2011 y permaneciera casi un año desaparecido hasta el miércoles pasado, cuando fue recuperado en un trastero-garaje del municipio coruñés de Ames.
El manuscrito del siglo XII ha sido entregado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al arzobispo de Santiago, Julián Barrio, en una ceremonia en la que han estado presentes diversas autoridades, como el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y numerosos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el juez instructor, José Antonio Vázquez Taín.
El libro estuvo custodiado por dos policías y resguardado bajo una tela verde hasta el inicio de la ceremonia, tras lo que fue abierto sobre un expositor preparado para el evento.
En el acto, que se ha celebrado en el Pazo de Xelmírez, Rajoy ha agradecido el «trabajo y la perseverancia» de la policía y del resto de implicados en la investigación para recuperar y devolver el Códice al templo compostelano, al que le ha pedido un «esfuerzo mayor» en su seguridad.
En esta línea también se ha manifestado Núñez Feijóo, quien ha trasladado la colaboración del Gobierno gallego «en todo lo que pueda mejorar en el futuro la seguridad de este tesoro común». Todo ello, tras expresar la «inmensa gratitud» de los gallegos a todos los que hicieron posible el retorno a la Catedral de «la misma fuente del europeismo».
«Proteger el patrimonio»
Precisamente, en el acto de entrega el presidente del Gobierno ha anunciado la próxima firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno, la Xunta y el Arzobispado de Santiago para «proteger el patrimonio» histórico-artístico y evitar que casos como el del Códice vuelvan a suceder.
Para ello, Rajoy ha ofrecido la colaboración el Instituto de Patrimonio Histórico Español para «hacer un chequeo y evaluación» de esta obra de valor incalculable que permaneció en un trastero-garaje en la localidad de Milladoiro, próxima a Santiago, desde que fuera sustraída.
Esta petición de un refuerzo en la seguridad ha sido recibida por Julián Barrio, quien ha garantizado que la Iglesia no ahorrará «esfuerzo alguno» en la protección de un «referente sin igual para la peregrinación jacobea».
Expectación en el exterior
Por su parte, en el exterior de la basílica, numerosos peregrinos, que se han congregado ante la expectación de la llegada de las autoridades, han coincidido al criticar «el gasto del despliegue policial» habilitado en la Plaza del Obradoiro para que el presidente del Gobierno «se saque la foto».
Así, mientras Rajoy bajaba por las escaleras de la Catedral acompañado por el presidente de la Xunta y el Arzobispo de Santiago, se han escuchado críticas como «dinero para educación y no para fotos» o «en dónde está la separación Iglesia-Estado».
Con todo, caminantes y vecinos han mostrado su satisfacción por «la aparición» del documento y la detención del presunto responsable de la sustracción, un exelectricista que desempeño sus labores en el templo durante más de dos décadas.
«Es una historia muy rocambolesca», ha señalado Julián Busto, un peregrino de Cuenca cuya mujer, Ángela Sánchez, ha considerado que «estaba claro que alguien de la casa tenía que ser el ladrón».
Asimismo, otras caminantes, Antonia González y Mercedes García, ambas de Alicante, han pedido que el Códice sea expuesto al público «en un lugar en el que lo puedan custodiar» a la vista de «la falta de competencia mostrada por la Iglesia».
Investigación
La devolución del manuscrito ha tenido lugar dos días después de que hayan sido enviados a prisión provisional el exelectricista que confesó la sustracción del libro, así como su mujer e hijo acusados de blanqueo de capitales, mientras que la novia del último quedó en libertad con cargos tras declarar en comisaría.
El ingreso en prisión de los tres miembros de la misma familia se produjo el viernes tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago de Compostela, que continúa con las pesquisas para determinar el origen de los 1,2 millones de euros que la Policía Nacional halló en los registros de propiedades del principal procesado.