Fue una de las últimas decisiones, si no la última, y más polémica de la ya exalcaldesa de Madrid, Ana Botella. La dirigente del consistorio cesó oficialmente el pasado jueves día 11 a las 12 horas toda actividad en el Teatro Nuevo Apolo, situado en la plaza de Tirso de Molina.
La sala no cumplía la nueva normativa establecida por el ayuntamiento en 2011 en la que se exigía tener un aislamiento de 80 decibelios (dcb): “Es imposible de cumplir, irrealizable”, asegura a este periódico el director del teatro, Carlos J. López.
López hace una comparativa: “El aislamiento de las ventanas de los aviones es de 60 dcb, el mismo que tiene ahora el Apolo”. El teatro debería aumentar en 20 dcb el aislamiento, sin embargo los técnicos aseguran que, aunque se intente, nunca alcanzarán los 70 dcb. Conseguir esos niveles supondría grandes obras, algo complejo de realizar en un teatro que está considerado “edificio de máxima protección”. Carlos J. López cree que la normativa se creó para tener una llave para cerrar el teatro cuando quisieran.
Después del hacer, vino el decir. Eso es lo que le tocó al director del centro el pasado sábado 13 de junio, decir a todos los que se acercaban a las puertas del teatro con su entrada, que la función se había acabado antes de empezar.
Para llegar a la raíz de la cuestión hay que remontarse unos años atrás, a la denuncia de una vecina. Ésta aseguraba que el teatro debía cumplir la normativa, aunque la paradoja es que ni ella misma vive cerca del teatro. Tiene el piso alquilado a unos jóvenes que representan la segunda paradoja: han firmado para que no se cierre la sala. El teatro, junto al resto de vecinos, no les molesta. Los encargados del Nuevo Apolo han intentado dialogar con esta vecina, llegar a un acuerdo, pero no lo han conseguido.
“Es un crimen. Cerrar un teatro es cerrar un motor económico”, denuncia el director del mismo. No entiende cómo el suyo queda precintado por orden municipal cuando los técnicos dudan si quiera de que los teatros municipales como El Español o Circo Price cumplan la normativa: “El daño causado es muy grande, tanto económico como de imagen”.
Un futuro incierto
La decisión municipal ha puesto en juego la vida de 40 familias. Carlos J. López reconoce que habrá despidos. Sólo les queda iniciar una querella contra Medio Ambiente porque, quiere dejar claro, que éstos son los culpables de todo el problema.
Interpondrán la denuncia por falta de información. López asegura que no les han aportado otra salida, cuando la hay. Los gestores del teatro barajan darse de alta como “local de interés cultural” -una posibilidad que tienen los espacios con música en directo- porque están exentos de cumplir la normativa de 80 dcb. El proceso de querella puede durar entre dos y tres meses, aunque López lo resume en la voluntad política: “No ha habido sensibilidad con la cultura hasta hoy”, dice en referencia a la llegada de Manuela Carmena (Ahora Madrid) al poder del consistorio. Ahora sólo les queda esperar, porque de momento, el nuevo ayuntamiento de Madrid se ha comprometido a encontrar la solución.