Su principal valedor no se llama Mariano Rajoy, sino Ignacio Sánchez Pasquín, y detrás de él no está el Gobierno de España sino una simple empresa de telecomunicaciones. El objetivo no ha sido el de fastidiar a nadie, según manifiestan, sino el de hacer negocio, poder engordar sus arcas.
Las culpas del cierre que se consuma este martes de nueve canales de TDT no hay que echárselas por tanto al Ejecutivo, ni al fallo de ningún tribunal, sino a Infraestructuras y Gestión 2002 S. L., la empresa que inició la demanda ante el Tribunal Supremo.
Por mucho que, según la propia compañía, lo que pretendían era «asegurar la pluralidad, la libre competencia y el derecho de todos los operadores a participar en un concurso público en igualdad de condiciones», lo cierto es que no eran un nuevo «Robin Hood» contemporáneo, sino gente que se quería lucrar con la medida.
¿Qué cómo? Pues pudiendo hacer negocio con más gente. Hasta ahora, esos nueve canales correspondían a Atresmedia, Mediaset, Veo y Net TV. Su meta es que los mismos puedan adjudicarse nueve operadores televisivos, de tal forma que se multiplacrían sus clientes potenciales. Cuantos más, más negocios podrían realizar. Con la implantación de la nueva tecnología TDT se podrían multiplicar por cuatro el número de canales y, por tanto, de posibles actores de ese mercado de televisiones del que ellos serían potenciales proveedores.
Ni productora, ni TV
Eso sí, la empresa ha querido dejar muy claro, sobre todo ahora que se han salido con la suya, que en modo alguno son propietarios de ninguna cadena de television ni son responsables de los contenidos audiovisuales que pudieran ofrecer las mismas.
Infraestructuras y Gestión 2002 S.L se dedica, exclusivamente, a prestar el servicio de red de telecomunicaciones a emisoras de radio y televisión, cumpliendo, según dicen sus representantes, «con la legislación vigente en un marco de libre competencia que desde al año 2003 quedó en este mercado liberalizado». Por ese motivo no se presentarán a ningún concurso que pudiera celebrarse para la adjudicación de nuevos canales.
Para que quede claro, serían los mismos servicios que, por ejemplo, presta Abertis Telecom a través de su sociedad Retevisión, o Axión en Andalucía, Telecom en Castilla-La Mancha, Retegal en Galicia o Itelazpi en País Vasco, y para ello cuenetan con la habilitación oficial para prestar estos servicios por parte del regulador, la CMT, ahora integrada en la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
Pese a ello, y quizás por meterse con «gente poderosa», la empresa afirma que ha sufrido «el acoso y beligerancia de las Administraciones que desconocían el marco legal aplicable», situando entre ellas el Consejo Audiovisual y la Dirección General de Medios Audiovisuales de Cataluña. De momento, todas las sanciones interpuestas por estos organismos han sido anuladas por los Tribunales.
La iniciativa ante los tribunales para acabar con estos nueve canales, que podrían ser quince si prospera el recurso que también han presentado contra otros seis, se llevó a cabo, según la empresa por la «ilegalidad manifiesta en la concesión de los canales, como ha dejado diáfanamente claro el Alto Tribunal, y para evidenciar que la Administración, tanto nacional como autonómicas, ignoraban el alcance del nuevo marco legal surgido como consecuencia de la trasposición de las Directivas Europeas en la materia».
Que se rindan
A pesar del éxito inicial obtenido con sus reclamaciones, su gran objetivo es que con las mismas se facilite la implantación de los nuevos planes técnicos y que éstos se ajusten a la legalidad, también de las directivas europeas de obligado cumplimiento.
En caso de que no fuera así volverían a la carga con nuevas denucias, «en todas las instancias posibles si su modificación es solo un subterfugio para eludir la obligación legal de sacar a concurso toda la oferta audiovisual de TDT prevista en el Plan Técnico vigente (realizado ya para cumplir con el llamado «dividendo digital)», esto es 24 canales privados nacionales.
De momento, para esta empresa el cumplimiento efectivo de los principios de la sentencia se producirá «cuando los 9 canales de TDT se adjudiquen por concursos resueltos mediante procedimientos objetivos, trasparentes y no discriminatorios, tal como exige la legislación vigente».
Lo que no se entiende desde Infraestructuras y Gestión 2002 S.L. es que la Patronal de las Televisiones Privadas (UTECA) siga negociando con el Ministerio de Industria en busca de un acuerdo contrario a la legislación nacional y europea.
Para la compañía, esto supondría «una clara injerencia en la independencia del poder judicial sobre el contencioso que estudia el Tribunal Supremo de la legitimación de otros 8 canales TDT», por lo que pide que se suspendan definitivamente estas negociaciones.