Un total de 86 millones de euros es la cantidad que va a tener que desembolsar el gobierno valenciano para pagar el despido de los 1.438 trabajadores de su canal autonómico RTVV que, vía burofax, va a poner en la calle esta semana. Lo curioso es que esa cantidad es aproximadamente la mitad de lo que tuvo que desembolsar Canal 9 por hacerse en su día con los derechos de la Fórmula 1.
La autonómica valenciana, a la que nunca le salieron las cuentas, decidió pagar en su día 22 millones de euros por los derechos televisivos de cada una de las dos temporadas de las carrreras automovilísticas, aunque al final tuvo que pagar por la última un poco menos, unos 16 millones de euros (11 millones reclamados por la empresa, 1,5 en intereses, tres de costos procesales, 200.000 a una firma de abogados inglesa y 120.000 euros por año del comentarista Seara), al decidir por su cuenta no emitirla.
Esa decisión del gobierno de Fabra, que éste dijo que la había tomado para permitir que los trabajadores de la RTVV pudieran seguir con sus trabajos, dada la falta de liquidez, hizo que, además de pagar los telespectadores no pudieran ver las pruebas en la RTVV (en el fondo casi les daba igual porque las emitía también una privada) y que el ente no pudiera recuperar parte de lo invertido gracias a la publicidad.
El portavoz socialista en la Comisión de RTVV, Josep Moreno, dijo en su día que «la irresponsabilidad y la negligencia de Alberto Fabra nos ha costado 40 millones por una Fórmula 1 que no hemos visto«, ya que pese a que el contrato se firmó en la etapa de Camps, según él, la decisión de dejar de emitir la Fórmula 1 fue anunciada por el vicepresidente Císcar en febrero de 2012, porque entendía que suspendiendo la retransmisión se podría preservar los intereses de RTVV y de los valencianos, «lo que hoy hemos comprobado que no es verdad».
En lo que no hay vuelta atrás es en el hecho de que el ente, medio año después de que Canal 9 cesara sus emisiones, ya ha comenzado a comunicar a 1.438 de los trabajadores su despido inminente, mientras que mantendrá a 139 personas al frente de la total disolución de la empresa pública. Durante todo este tiempo, RTVV ha permanecido al frente de sus obligaciones administrativas y ha mantenido el pago de las nóminas a sus trabajadores, unos trámites que le han costado al Consell una media de 4,5 millones de euros al mes