La supuesta coacción que sufren los trabajadores de los Informativos de RTVE, a los que presuntamente la dirección dictaría las normas a seguir en sus textos y lo que pueden o no decir, parece que ha llegado a rebosar el colmo de la paciencia con la presunta amenaza de muerte que habría recibido uno de los miembros de su plantel.
Se trataría en concreto de la redactora y responsable del área de economía de los SSII de TVE Cecilia Gómez Salcedo, que, según ha revelado el Sindicato Independiente del ente público, tuvo la desagradable sorpresa de encontrase encima de su mesa una soga de ahorcado.
Para el SI se trataría de «un intento de amedrentar a la persona y un aviso para quienes desde la libertad de prensa y opinión tienen su criterio, tan digno y válido como el de otros». Según el mismo, «el sectarismo y la política cuando se juntan dan lugar a la intransigencia, y de ahí a la violencia hay un paso».
Ese paso dicen que se habría dado en Torrespaña ya se ha dado, «pues violencia es amenazar de muerte a una persona, y violencia es intentar amedrentar a una periodista para que no diga o haga lo que piensa y defienda su legítimo derecho de opinión y expresión».
El sindicato considera que «aunque en España estamos acostumbrados a este tipo de amenazas, hemos sufrido los profesionales de la información la violencia del terrorismo etarra, las amenazas de la extrema derecha, y últimamente la de los grupos radicales islámicos, lo que no esperábamos era que la intransigencia política y la radicalidad de algunos planteamientos tuviesen reacciones violentas entre compañeros».
La culpa de todo la tendría, según el SI, el «continúo querer convertir la redacción de Torrespaña en un campo de batalla, en un espacio irrespirable y un coto de venganzas cainitas», por lo que no sólo dicen no estar dispuestos a tolerar esta amenaza sino que exigen «que se investigue hasta sus últimas consecuencias y, si se descubre al culpable, quien sea, se le despida inmediatamente y se proceda a denunciarle por la vía penal».
Desde este sindicato se considera que «es lícito, y hasta saludable desde un punto de vista democrático, denunciar los abusos del poder en materia de información y prensa, mande quien mande», aunque creen que incluso se puede ir a peor ya que «se empieza con anónimos y amenazas y se termina con una situación de enfrentamiento entre compañeros».