Dicho y hecho. Mariló Montero pidió tres medidas cautelares y, cuando menos, el juez que lleva su caso le ha concedido la de prohibir difundir o publicar las fotografías en topless que le hicieron durante sus vacaciones en Bora a Bora junto a una amiga.
El juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid dice en el auto, que no es firme, que concede «un cese provisional en la exhibición, comunicación y/o publicación por cualquier medio de las fotografías y vídeos con la imagen de la actora a las que se refiere el presente litigio, así como en la distribución, venta y comercialización de las mismas a cualquier persona física, revista o medio de comunicación escrito o audiovisual».
De esta forma, ni siquiera las imágenes en las que sale en bikini podrán salir a la luz, ya que el juez se reafirma en que el lugar en el que se encontraba era un sitio privado y no público, como alegaban los fotógrafos Gustavo González y Diego Arrabal, directores de la agencia Código Press. Según el auto, esas imágenes «afectan a escenas de la vida cotidiana de la señora Montero siendo tomadas en la más estricta intimidad y en un lugar privado, cual es el bungalow en el que pasaba sus vacaciones y por tanto constitutivo de su domicilio».
Las que de momento tendrán que esperar a tener el visto bueno son las dos otras peticiones de la presentadora de TVE, la identificación de quién había sido el autor del reportaje -algo que ya comprobaron al presentarse la otra parte- y «la intervención y depósito de todos los soportes donde están contenidas las fotografías, tanto en soporte físico como digital».
La decisión del juez ha sido calificada por uno de los afectados, Diego Arrabal, como «muy delicada», ya que dice que no sólo terminaría afectando a la prensa del corazón sino a cualquier medio y podría crear jurisprudencia. Según él, «por primera vez se está poniendo la tirita antes que la herida».
Ahora, la periodista, que con anterioridad había asegurado que «no me voy a un sitio tan lejano y con tantas horas de vuelo para que me hagan fotos», dispondrá de veinte días para decidir si pone una demanda a Código Press.
Para su equipo de abogados estas medidas cautelares constituyen un éxito para su defendida «porque no suelen concederlas o, como ocurre a veces, primero se publican y luego se indemniza a la persona por cuestiones del derecho al honor, la intimidad, etcétera, cuando ya se ha causado el perjuicio o daño».