En 1983 vieron la luz como un servicio público más. Treinta y dos años después, lo único que se valora de ellas es lo mucho que cuestan y lo poco que se ven. Ahora, tras el vuelco político que puede darse en muchas comunidades autónomas, el futuro de sus televisiones públicas depende de las negociaciones políticas que estos días se están llevando a cabo entre diferentes formaciones.
Trece operadores están en estos momentos, en mayor o menor medida, en las manos de unos pactos que pueden significar su resurgimiento, sobre todo si, por ejemplo, vuelve a ver la luz la RTVV (la valenciana) o incluso su fin, como puede ser el caso de Telemadrid o RTVCLM (la de Castilla-La Mancha).
Entre las doce actuales suman unos presupuestos para el presente ejercicio, que casi en su totalidad costean los gobiernos autónomos y por ende sus ciudadanos, que rozan los 1.000 millones de euros (un total de 974,3 millones de euros).
Sólo cuatro de ellas superan eso sí los 100 millones de presupuesto. En ese ránking se sitúan los 106,8 millones de la TVG, los 164,2 millones de la RTVA, los 124 millones de la EiTB, y los 297,5 millones de la TV3 catalana, la que cerró 2014 como la más vista, con un 12,6% de cuota de pantalla, nueve décimas menos que en 2013.
La que tuvo menos audiencia fue Telemadrid, que, pese a ganar cuatro décimas, cerró el ejercicio anterior con un 4,2% de cuota, sin duda un registró muy bajo para los casi 100 millones de euros que les va a costar en 2015 a los madrileños (97,6 millones es su presupuesto), si no tiene pérdidas.
Cierre o cambio total
Precisamente el canal autonómico madrileño puede ser uno de los grandes perjudicados de esta legislatura, sobre todo teniendo en cuenta que la que parte a priori con más posibilidades de ser elegida presidenta de la Comunidad, la popular Cristina Cifuentes, afirmaba después de los comicios en una emisora nacional que “yo, a priori, no descarto absolutamente nada”, cuando era cuestionada sobre si descartaba o no cerrar Telemadrid.
Durante la campaña electoral, Cristina Cifuentes habló de sus planes respecto a la radiotelevisión autonómica madrileña: «De momento, voy a esperar a que concluyan todos los procedimientos judiciales que hay abiertos, que hay unos cuantos, y luego, sobre todo, ver cuál es la situación financiera de la casa, la sostenibilidad, la viabilidad y tomar una decisión al respecto cuando vea la situación».
De momento, y tras la decisión del Tribunal Supremo de declarar improcedente el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a 861 trabajadores, el 74% de la plantilla, por la que daba a elegir a la cadena entre readmitirlos o pagarles hasta 45 días por año trabajado, frente a los 20 días que se abonaron con un tope de 12 mensualidades, lo que parece seguro es que cerrará 2015 con pérdidas, pese a que el Gobierno regional, ha destinado unos 20 millones de euros a indemnizar a los afectados.
Negro también se presenta el panorama para Castilla-La Mancha TV, que ni siquiera llega al 5% de cuota de pantalla, y sobre todo para su máximo responsable, Nacho Villa, que sería el primero en salir de la casa si, como parece, el PSOE se hace con el poder en las próximas semanas.
El propio Emiliano García Page afirmaba el pasado 12 de mayo que “espero que Nacho Villa dimita la misma noche electoral», después de haber denunciado en numerosas ocasiones, tanto él como su partido, su presunta manipulación informativa. El candidato socialista no cerrará el canal pero sí hará numerosos cambios, tanto en su parrilla, con más subtítulos en toda la programación, como en sus estatutos, ya que pretende que el director general sea elegido por 3/5 partes en las Cortes Regionales y que se instaure un Consejo de Informativos.
Hay que recordar que el presupuesto para el presente año ronda los 40 millones de euros, de los que 38 son subvencionados por el Gobierno regional, casi la mitad de los que pagaba en su día el predecesor de Cospedal, curiosamente otro socialista, José María Barreda.
En la actualidad, Castilla-La Mancha Televisión cuenta con una plantilla oficial de 400 trabajadores (entre televisión, radio y corporación) y a esa cifra, según el Comité de Empresa, habría que añadir los redactores de la “redacción paralela” y a los asesores, jefes, personas con contratos de autónomos y mercantiles, que podrían alcanzar otros 200 más.
Volver a nacer
El gran “bombazo” televisivo autonómico se daría en la Comunidad Valenciana, donde parece que un pacto entre PSOE y Compromís puede situar al líder de los primeros, Ximo Puig, al frente del gobierno autonómico.
Después de haber visto cómo en noviembre de 2013, tras 25 años de emisiones, Canal 9 se iba a negro, todo parece indicar que podría reabrirse este año, habida cuenta de que esas dos formaciones, apostaron por ello durante la campaña electoral. Es más, el propio Ximo Puig puso fecha para ello, “el 9 de octubre de 2015 todos los valencianos podrán ver otra vez Canal 9”.
Compromís ya ha pedido la paralización de la liquidación de RTVV porque «las urnas han destituido a los liquidadores», en clara alusión al ex presidente Albert Fabra. Para el portavoz de esta formación, Enric Morera, lo primordial es “que vuelva nuestra radiotelevisión pública como un medio plural, de calidad y en valenciano», algo que dicen no eran las señas comunes del medio en sus últimos años de vida.
Eso sí, las dimensiones de la nueva RTVV serían muy diferentes a las que tenía el ente público con Fabra, donde llegó a contar con una plantilla de 1.600 trabajadores, lo que terminó generando una deuda de 1.300 millones en el momento del adiós. Si vuelve a abrir sus puertas la idea es que no se alcanzaran los 700 empleados.
Otro socialista, Javier Lambán, podría hacerse con el poder en Aragón, si logra el apoyo de Podemos y CHA, y con él cuando menos su cadena autonómica se garantizaría su pervivencia, atendiendo a que en su programa electoral calificaba la misma como «un servicio público fundamental de espejo y altavoz de la realidad social, cultural e institucional de las Comunidad».
Ese “servicio fundamental” tiene un presupuesto de 20 millones para este año y en el ejercicio anterior fue la segunda autonómica con mejores datos de audiencia, con un 11,3%, siendo superada sólo por la catalana.
Lambán tendrá que contar con el apoyo de Podemos, que aboga por introducir cambios como la convocatoria de una Mesa Social para la Ordenación y Desarrollo del Sector Audiovisual en Aragón y un Consejo Aragonés del Audiovisual, independiente de los gobiernos y de los operadores.
También contempla que cada año se destine, al menos, el 6% del presupuesto real de la corporación a la producción de contenidos “específicos creativos culturales y artísticos”, e introducir cambios en el Consejo de Administración del canal para que estén representados, además de los partidos presentes en las Cortes de Aragón, la plantilla, los sindicatos, los usuarios y “expertos elegidos de forma transparente y democrática”.
Ideas sobre la mesa
La formación que lidera Pablo Iglesias cuenta en su programa con muchas “ideas” para las TV autonómicas y para la propia Forta (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos) que se creó en 1989 y que en la actualidad engloba a todos los operadores públicos regionales, a excepción del de Extremadura, y que, entre otras, tiene como funciones la compra de contenidos conjunta y la comercialización de publicidad nacional.
Pablo Echenique ha llegado a apostar por crear «un posible organismo independiente que pueda etiquetar la calidad de los servicios informativos de las televisiones».
Precisamente en esa “excepción” extremeña, su Canal Extremadura cuenta este año con una plantilla de 200 trabajadores y un presupuesto de 24,7 millones de euros, uno de los más bajos de todas las autonómicas, pero Guillermo Fernández Vara, que puede volver a ser el presidente de la Comunidad como ya hiciera de 2007 a 2011, ha prometido pese a todo reducirlo un 25%.
Por ese motivo está dispuesto a proponer, como reflejaba en su programa electoral, que su director se elija por concurso público (su directora general, Beatriz Maesso, tendría así sus días contados). En ese programa dejaba claro su oposición a los procesos de privatización de los servicios informativos porque “suponen un intento de control de la información”.
A su favor juega el hecho de que el 90% de las productoras con las que trabaja la casa son extremeñas y, sobre todo, con el respaldo de la audiencia en los últimos tiempos, ya que fue la que más subió en 2014, con 1,2 puntos más, para un total del 5,7% (las que más perdieron fueron TV3, pese a su liderazgo, y TVG, con nueve décimas menos que en 2013). También, que en los últimos años el déficit ha sido cero.
Tampoco se puede quejar últimamente la Televisión del Principado de Asturias (TPA), que fue la autonómica de la FORTA que más creció en 2014 gracias, sobre todo, a que los informativos obtuvieron los mejores registros de sus nueve años de historia. TPA creció 0,8 puntos con respecto a 2013, experimentando por tanto una subida del 15%. El socialista Javier Fernández, de nuevo mediante pactos, seguirá gobernando otros cuatro años y no parece que vaya a tocar lo que de momento funciona o, cuando menos, no es algo que le de muchos quebraderos de cabeza.
Las “históricas”
Entre las autonómicas “históricas”, la Televisión de Catalunya, con seis canales, va a recibir una subvención pública asignada de la Generalitat de 225 millones, de los 292 millones de su presupuesto este año, mientras que la Junta de Andalucía dará 138 de los 165 millones del presupuesto de la RTVA para este año.
Si Susana Díaz se consolida nuevamente al frente del gobierno autonómico no parece que la Radiotelevisión de Andalucía (RTVA) pueda peligrar, pese a que en los últimos años parece un saco sin fondo, como se demuestra en el hecho de qu en esos presupuestos de la Junta de Andalucía se prevé que perderá en 2015 otros 28,7 millones de euros, que sumados a los más de 21 millones perdidos en el anterior dan un déficit de unos 50 millones de euros en los dos últimos ejercicios.
En ese grupo, la vasca ETB y la gallega TVG, la tercera más vista en 2014 (10%, un punto más que la vasca) son las únicas que, por el contrario, han logrado cerrar sin déficit sus cuentas.
Pese a ello, en el caso de la primera el Parlamento vasco creará antes de este verano una comisión especial que siente las bases de una reforma de EiTB, que deberían conocerse a más tardar en marzo de 2016 con el fin de acometer un cambio de modelo en este ente público.
Hasta ahora, La Ley de Creación de EITB, aprobada hace 33 años, ha experimentado dos revisiones, la de 1996, cuando se acordó someter la elección de su director general a la mayoría parlamentaria, y la de 1998, cuando se aprobó la fijación de mayorías en el consejo de administración para adoptar determinados acuerdos.
Al margen de esas modificaciones, ni los trabajadores de la ETB ni los de la TVG parece que puedan ver peligrar sus puestos en esta legislatura, lo que ya es un privilegio en los tiempos que corren.