Podemos ha registrado una proposición no de Ley en el Congreso que propone que si el Congreso no se pone de acuerdo para elegir al presidente de RTVE por mayoría de dos tercios, sean los ciudadanos lo que lo elijan de manera directa.
Concretamente, la iniciativa plantea volver al modelo de elección del presidente y los consejeros de RTVE puesto en marcha por el anterior Gobierno socialista -derogando el decreto de 2012 que puso en marcha el PP, y por el que sólo era necesaria una mayoría simple y no los dos tercios de la Cámara-.
En el caso de no conseguirse ese apoyo de los dos tercios del Pleno, una vez puesta en marcha el anterior modelo, y «para evitar reproducir situaciones de bloqueo como las ocurridas en el pasado», la formación de Pablo Iglesias sugiere que, si en un plazo de cinco meses el Parlamento no hubiera alcanzado dicho acuerdo, la elección entre los candidatos que superen «una fase de concurso se realice mediante votación directa de la ciudadanía a través de voto electrónico seguro».
Esta propuesta se recoge en una proposición no de ley que la formación que lidera Pablo Iglesias ha registrado esta tarde en la Cámara, para su debate ante el Pleno del Congreso de los Diputados.
Además, quieren que el presidente pueda ser destituido por mayoría simple en el pleno, «para evitar situaciones de secuestro como la actual», o que cada grupo parlamentario pueda designar un solo representante en el Consejo de Administración, y no los que le correspondan según su representación en el hemiciclo, como actualmente.
Entre las modificaciones de la ley, la formación de Pablo Iglesias plantea también que los consejeros accederán al Consejo de Administración por concurso público en base a méritos y a su trayectoria profesional, que la evaluación de cada candidatura individual por un tribunal 'ad hoc', formado por profesionales independientes de acreditada trayectoria, elegidos por sorteo para cada ocasión de entre los propuestos proporcionalmente por cada grupo parlamentario.
Otra de sus propuestas es un Consejo Social amplio para sustituir al actual Consejo Asesor, dotado de mayores competencias, a través del cual la sociedad civil podrá participar en la fijación de los principios generales de gestión de la radiotelevisión pública y vigilar su cumplimiento.
Igualmente, propone la programación de espacios sistemáticos específicos en horario relevante para «hacer realidad el derecho de acceso a medios de los grupos políticos y sociales significativos como exige la Constitución Española, en la programación general y en los servicios interactivos, tanto a nivel estatal como en las desconexiones territoriales».
Además, sugiere la elaboración de un Estatuto de la Carrera Profesional del servicio público por el Consejo de Administración, y promover la modificación de la Ley de financiación de la Corporación donde se ponga en marcha un sistema de auditoría semestral con participación rotativa de los propios profesionales de la 'casa' y la sociedad civil.
A su vez, exige «cantidades mínimas garantizadas» para la financiación, provenientes de los Presupuestos Generales del Estado, a través de Contratos-Programa plurianuales evaluados por el Consejo Social, y eliminar el límite máximo en la aportación proveniente de la tasa sobre la reserva de dominio público radioeléctrico. «La tasa referente a operadores de telecomunicaciones se aplicará sobre los ingresos brutos de explotación de todos ellos», añade.
En su exposición de motivo, el partido morado recuerda las denuncias de instituciones internacionales, junto a los propios Consejos de Informativos de RTVE, «la estrategia de control político de la redacción que desnaturaliza el servicio público y el derecho a la información, imposibilita la independencia profesional del ente y lo aleja de los principios de objetividad, veracidad, pluralismo y rigor deontológico».
A su vez, señalan que «los sindicatos internos vienen denunciando reiteradamente la ineficaz gestión económica del ente, incluyendo numerosos casos de contabilidad opaca, venta de patrimonio en condiciones desfavorables, ausencia de concursos públicos o subastas, externalización a terceros implicados en tramas de corrupción, desproporción en el número y remuneración de directivos internos y externos o contratación sesgada de redacciones paralelas, entre otras cuestiones».
A su juicio, la solución a estos problemas requiere ir más allá de la renovación del Consejo de Administración del ente, y exige una reforma estructural del modelo para adecuarlo a los estándares europeos de transparencia y participación social, para garantizar la viabilidad y prestigio del servicio público de radiotelevisión.
Además, sostiene que hay que dotar al ente de una financiación «estable y suficiente» que permita acometer con garantías el proyecto de reestructuración y planificación para la producción orientada hacia las nuevas formas de consumo audiovisual en el escenario digital.