Mientras en España muchos siguen manteniendo eso de que «la Justicia no es igual para todos», fuera de nuestras fronteras parece que interpretan de manera muy distinta la misma, viendo lo que le ha ocurrido a Federico Jiménez Losantos.
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha revocado lo que dictaminó en 2008 un juzgado de primera instancia en España y que ratificó después la Audiencia Provincial de Madrid.
Y eso que el demandante era nada menos que el Gobierno de España, que ejercía de defensor del ex ministro de Justicia y ex alcalde de Madrid y presidente de la misma Comunidad, Alberto Ruíz-Gallardón, por una querella que interpuso éste en 2006 al locutor de radio en la que denunciaba «graves insultos».
El que por aquel entonces era alcalde de Madrid llevó al director de 'La Mañana de COPE' a los juzgados por vulnerar supuestamente su derecho al honor al considerar que le había insultado «gravemente».
Losantos llamó traidor, bandido y farsante al exalcalde en relación con la investigación de los atentados yihadistas del 11-M de 2004, con frases como «lo repito, alcaldín, 200 muertos, 1.500 heridos y un golpe brutal para echar a tu partido del Gobierno. Te da igual, Gallardón, con tal de llegar tú al poder».
Dos años después, una sentencia obligaba al periodista a pagar 36.000 euros a Gallardón, pero Losantos, no satisfecho con el dictamen judicial, decidió elevar su caso al Tribunal de Estrasburgo, que al final le ha dado la razón.
En la sentencia de este organismo se indica que aquellas opiniones se produjeron «en un contexto de debate social sobre una cuestión de interés público (…) Una sanción tal produce por fuerza un efecto disuasivo (…) La utilización de frases vulgares no son, en sí mismas, decisivas para que una expresión sea considerada ofensiva«.
También se destaca que las expresiones de Jiménez Losantos han podido ser interpretadas como exageradas o excesivas, pero que la «libertad de prensa también cubre el posible recurso a un grado de exageración o incluso de provocación».
La sentencia de ese tribunal, que contaba con siete magistrados, ha salido adelante con el único voto discrepante de la juez española Blanca Lozano Cutanda, quien ha asegurado que no comparte la opinión mayoritaria de la Corte porque, en su opinión, «no hay ninguna violación del derecho de la parte demandante a la libertad de expresión en virtud del Convenio y la jurisprudencia de la Corte».
Hay que recordar que Blanca Lozano fue en 2013 nombrada representante de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por Gallardón cuando éste era ministro de Justicia.
M. A.