40 ciudades alzan la voz por la vivienda: reclaman contratos indefinidos y freno a la especulación

La crisis del alquiler en España ha pasado de ser un problema económico a convertirse en una cuestión de movilización social. Este sábado, 40 ciudades españolas han acogido nuevas manifestaciones convocadas por los sindicatos de inquilinos y otros colectivos afines, que denuncian la especulación en torno a la vivienda y exigen medidas contundentes para frenar el alza de precios que, según denuncian, está expulsando a miles de personas de sus barrios.

Las protestas, que han contado con el respaldo de CCOO y UGT, llegan en un momento de máxima tensión en el mercado inmobiliario, con demandas muy concretas: bajada del 50 % en los precios de los alquileres, prohibición de la compraventa especulativa y contratos indefinidos.

Los lemas coreados durante las marchas no han dejado lugar a dudas. “No pagamos vuestra especulación”, “Okupa y revienta la vivienda”, o “La vivienda no es un negocio” han resonado con fuerza en calles y plazas de ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, reflejando el malestar creciente entre quienes viven de alquiler y sienten que las políticas actuales no les protegen.

#HOY | 🔥🟠 Lxs estudiantes hemos salido a las movilizaciones, para exigir soluciones reales, la expropiación a los grandes tenedores, un tope asequible a los alquileres y la prohibición del alquiler de temporada en zonas con escasez de vivienda. pic.twitter.com/IrJBiDzTu1

— Sindicato de Estudiantes CyL🔻🇵🇸 (@sindicaestudcyl) April 5, 2025

Lo que exigen los convocantes

Entre las principales reivindicaciones de los organizadores figuran propuestas de gran calado, como:

• Implantar contratos de alquiler indefinidos, una fórmula que ha sido recientemente rechazada por el Senado.

• Recuperar para el mercado habitual las viviendas turísticas, vacías o de temporada.

• Impedir la compra de inmuebles con fines meramente especulativos.

• Desarticular los grupos de desokupación y garantizar los derechos de los inquilinos.

• Ampliar el parque público de vivienda, pero no a través de grandes construcciones, sino mediante la recuperación de inmuebles propiedad de Sareb y procesos de expropiación.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha lanzado un mensaje claro desde la manifestación en la capital: “Decretamos los alquileres indefinidos. Llamamos a la resistencia a los más de 500.000 hogares que, según nuestros datos, ven cómo sus contratos vencen este año. No están solos”.

Los colectivos también han cargado duramente contra plataformas como Airbnb, inmobiliarias, portales digitales y empresas como Alquiler Seguro, que se enfrenta a un expediente sancionador del Ministerio de Consumo por presuntas prácticas abusivas. Acusan al Gobierno de ponerse del lado de los “rentistas” y no actuar con firmeza contra la especulación inmobiliaria.

Una demanda social que entra de lleno en la agenda política

Lo cierto es que la vivienda se ha convertido ya en uno de los principales problemas que preocupan a los españoles. Y no solo por la subida de precios, sino por la escasez de oferta, la precariedad laboral que dificulta el acceso a un alquiler digno y la ausencia de un plan estatal consensuado que afronte la situación a largo plazo.

Los datos avalan el diagnóstico. Según el Banco de España, harían falta cerca de 500.000 nuevas viviendas para cubrir la demanda actual. Mientras tanto, el sector promotor denuncia la falta de suelo finalista, el bloqueo normativo, los retrasos administrativos y una carga impositiva desproporcionada, con un 25 % del coste final del inmueble destinado a impuestos.

Frente a ello, el Ejecutivo defiende la eficacia de su ley de vivienda, que contempla el control de precios, medidas para frenar el abuso en los alquileres turísticos y una batería de ayudas como el bono joven o los avales para facilitar la compra. Además, trabaja en un paquete fiscal para desincentivar la compra por parte de extranjeros no residentes e incentivar los precios más bajos en los contratos de arrendamiento.

Alegría pide aplicar la ley

En paralelo a las protestas, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha lanzado un mensaje a las comunidades autónomas, instándolas a que apliquen de forma decidida la ley de vivienda.

Desde un acto en Azuara (Zaragoza), Alegría ha subrayado que “la vivienda es el principal problema social al que se enfrenta actualmente el país”. Ha insistido en que el Ejecutivo está desplegando políticas ambiciosas para alcanzar los estándares europeos, donde el parque público supera el 9 % del total, y ha recordado que la competencia recae en las comunidades autónomas, que deben dar un paso al frente.

Un problema sin soluciones inmediatas

Aunque la calle se moviliza y el Gobierno responde, lo cierto es que las soluciones estructurales siguen sin llegar. El problema del acceso a la vivienda trasciende ideologías y ciclos electorales. Requiere medidas firmes, voluntad política real y, sobre todo, consenso entre administraciones y agentes del sector.

Mientras tanto, quienes viven de alquiler —una proporción creciente de la población— siguen esperando respuestas. Y, si no las encuentran en las instituciones, parece que están decididos a hacerse oír en las calles.