Garzón deja libres bajo fianza de 60.000 euros a dos ex parlamentarias del PCTV
Según el auto por el que el juez ordena la libertad, Garzón ha tenido en cuenta el hecho de que Erauskin "tiene a su cargo a dos personas en situación médica delicada" y Berasategi "está jubilada y sin aparente actividad actual relacionada con los hechos". El magistrado añade que no aprecia que exista un riesgo inminente de fuga ya que "han comparecido voluntariamente cuando han sido llamadas" y "la actividad que dio base a los hechos que se le imputan quedó interrunpida en julio de 2009".
Las dos ex diputadas acudieron este martes a la Audiencia Nacional junto al presidente de la formación ilegalizada, Juan Carlos Ramos, y a los tesoreros, Jesús María Aguirre y Sonia Jacinto, por citación del magistrado que debía comunicarles durante la mañana su procesamiento por estos hechos. Durante la declaración indagatoria, los fiscales Dolores Delgado y Vicente González Mota solicitaron al juez el encarcelamiento de Erauskin y Berasategi, petición a la que se adhirió la asociación Dignidad y Justicia, personada como acusación popular.
Fianza según responsabilidad
Garzón justifica la fianza de 60.000 euros impuesta a cada una de las dos parlamentarias y asegura que la cantidad se ha fijado en función de la responsabilidad que ostentaban las procesadas en el PCTV, la disposición que hicieron de los fondos del grupo parlamentario al que pertenecían y que servía en beneficio del "complejo terrorista" liderado por ETA.
En un auto dictado el pasado 17 de julio, Garzón consideraba "acreditado" que el PCTV constituye "una de las marcas que Batasuna utiliza en función del interés que convenga al complejo terrorista liderado por ETA" y que a partir del 2005 fue "instrumentalizado" por la Mesa Nacional de esta organización para "continuar la acción delictiva diseñada por ETA/EKIN/Batasuna a través del frente institucional de aquel complejo terrorista".
De igual modo, señalaba que tanto el PCTV como ANV fueron "fagocitadas" por Batasuna, "perdiendo el carácter autónomo que pudieron haber tenido en el marco de la denominada izquierda abertzale", por lo que pasaron a "desempeñar el papel que le correspondía a Batasuna cuando estaba liderando el denominado frente institucional de ETA".
Financiación de 837.000 euros a ETA
Entre las pruebas que citaba el juez en el auto de procesamiento, constaba que los responsables de Batasuna "consiguieron, fundamentalmente a través de PCTV, disponer de 837.00 euros, con los que contribuyeron al sostenimiento del entramado político de la organización terrorista, gracias a la presencia en las instituciones democráticas".
De igual modo, recordaba la existencia de al menos tres reuniones celebradas en las localidades de Salvatierra (Álava) y Elorrio (Vizcaya) entre los meses de junio y septiembre del 2007 en las que participaron numerosos dirigentes de Batasuna como Juan José Petricorena, Juan Cruz Aldasoro o Joseba Permarch.
Los encuentros se celebraron adoptando "mecanismos de seguridad", como la recogida de los participantes en puntos de encuentro aislados, en su mayoría aparcamientos de centros comerciales en horario nocturno, y su posterior traslado al lugar de la reunión en vehículos particulares.
Garzón también tuvo en cuenta la situación de "subordinación" del grupo parlamentario PCTV a las directrices impartidas por Batasuna, la contratación por parte del primer partido de miembros del segundo y el vaciado de cuentas del grupo en beneficio de Batasuna.
Destacaba la utilización de la sede del polígono Belartza de San Sebastián, para las actividades de la Mesa Nacional y "la integración de los recursos económicos y financieros de PCTV "en una gestión común con los de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Batasuna".