Moreno teme un ataque a Andalucía y afirma que serán "contrapeso al desvarío"
En su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP-A celebrado tras las elecciones generales, Moreno ha avisado de que el nuevo Ejecutivo central pretenderá hacer "una enmienda a la totalidad" a las políticas del Gobierno andaluz, formado por PP y Ciudadanos con el apoyo parlamentario de Vox.
Ha criticado que también vaya a ser un "gobierno drácula" que quiera "chupar la sangre en términos impositivos" y ha cuestionado si se van a revisar los impuestos cedidos a las comunidades para volver a cobrar el impuesto de Sucesiones en Andalucía, a la vez que se ha preguntado qué pasará con la financiación autonómica.
Moreno ha afirmado que desde Andalucía defenderán los intereses de la comunidad "con uñas y dientes", tanto en materia de financiación como en autonomía fiscal para bajar impuestos.
El compromiso del PP-A es "proteger a los andaluces" de la "inestabilidad general que algunos quieren imponer", ya que el presidente de la Junta cree que se abre un escenario "complejo y cargado de incertidumbre" que puede ahondar también en la ralentización económica por las recetas "trasnochadas" de Podemos.
"La investidura que está construyendo Sánchez va a en contra de los intereses generales de los españoles y del sentido común", ha opinado Moreno, quien ha emplazado al PSOE andaluz a aclarar si también van a "abrazar" a Adelante Andalucía en la comunidad y si van a aceptar todas las propuestas que "no se quieren desvelar".
Ha puesto en duda qué "cesiones" se van a hacer a los independentistas catalanes o al PNV para conseguir su apoyo y ha preguntado si Andalucía será uno de los territorios que van a ser "claramente perjudicados" por tener "un gobierno del cambio".
Moreno ha lamentado la "deriva" del PSOE, lejos del partido "con sentido de Estado" que dirigía Felipe González, y ha reclamado "luz y taquígrafos" para que haya "luz sobre tanta sombra" del acuerdo.
Ha criticado que se haya firmado el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos menos de 48 horas después de las elecciones, por lo que ha puesto en duda si ya existía previamente y si había un pacto "secreto" del que todavía no se conoce "la letra pequeña".