Guardias civiles y policías nacionales denuncian el pacto entre Gobierno y Junts para ceder las competencias migratorias a Cataluña

Asociaciones de la Guardia Civil como AUGC y sindicatos de la Policía Nacional como UFP han mostrado su más enérgico rechazo a la cesión de competencias que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pactado con Junts, uno de sus socios de investidura, para ceder el control migratorio a Cataluña.

De aprobarse esta nueva exigencia del partido independentista (y todo indica que será así, a pesar de las reticencias iniciales del Ministerio del Interior, según ha podido saber este medio), el Estado cedería el control de la frontera entre España y Francia a los Mossos d'Esquadra.

Y esa cesión "pisotea la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que establece claramente en su artículo 12 que la competencia en materia de inmigración es exclusiva de la Policía Nacional y la Guardia Civil", condenan desde la Unión Federal de Policía (UFP).

Carlos Quero, portavoz del sindicato policial, ha explicado a ESTRELLA DIGITAL cuáles son las funciones que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el control migratorio.

"La Policía Nacional se encarga del control en los puntos de entrada y salida del país (como aeropuertos, puertos y estaciones internacionales), gestionando el paso de personas y vehículos, y asegurando la seguridad en las fronteras; y la Guardia Civil desarrolla su labor en la protección de la línea fronteriza, patrullando y controlando el acceso terrestre, con el objetivo de evitar el cruce ilegal de personas, contrabando y otros delitos".

Esas responsabilidades, que recaerían en los Mossos d'Esquadra de salir adelante el pacto PSOE-Junts, "es un movimiento político que supone un atropello legal, funcional y operativo sin precedentes", puesto que se violaría una Ley Orgánica en la que, a diferencia de las leyes ordinarias, se regulan derechos fundamentales y libertades públicas.

Delegación de competencias "a cambio de apoyos parlamentarios"

Además, y según la UFP, "delegando esta competencia tan crítica a las comunidades autónomas puede suceder (y sucederá, y si no... al tiempo) que una comunidad decida de forma unilateral tramitar más expulsiones, denegar más residencias, etc. si considera que le pueda dar rédito político o que puede ser bueno para sus intereses políticos en la región".

Y en la misma línea se manifiestan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC): "Es un pacto que supone un nuevo mercadeo político, a costa de la seguridad pública y de la integridad de España", condenan. "Con esta cesión -añaden-, el Gobierno vuelve a actuar de espaldas a los ciudadanos y a los profesionales de la seguridad pública, entregando competencias exclusivas del Estado a la Generalitat, a cambio de apoyos parlamentarios".

"Esta medida -precisan desde el sindicato UFP- refuerza una realidad inadmisible: se está dando a Cataluña un tratamiento de Estado dentro de España, otorgándole competencias exclusivas que sólo corresponden al Gobierno central".

Y también añaden que el control fronterizo de Barcelona, como una de las principales puertas de entrada a España y Europa, "es un asunto de interés nacional y comunitario", por lo que consideran que "la seguridad de todo el país no puede depender de una estrategia de fragmentación política".

La AUGC anuncia que "estudiará todas las acciones a su alcance", y exige la dimisión de Robles y Marlaska

Así las cosas, tanto la AUGC como la UFP sienten que el Gobierno les ha "traicionado". De hecho, los guardias civiles aseguran que no están "en venta" y el sindicato policial "exige la inmediata rectificación de esta medida", porque "la cesión de competencias en extranjería es un ataque frontal a la legalidad y a la unidad de España", sostienen.

La AUGC, por su parte, ha anunciado que, "ante este nuevo golpe contra la seguridad y la dignidad de la Guardia Civil, estudiará todas las acciones a su alcance" para frenar la medida pactada entre el Gobierno y Junts.

También consideran que tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, "deberían presentar su dimisión de manera inmediata para impedir que, con su apoyo, se dé un duro golpe a los miles de guardias civiles que han dedicado su vida a garantizar la seguridad y la unidad de España".