El capitán de la UCO y su “amigo” Rodríguez Estepa: diez años de favores, pagos ocultos y secretos filtrados
El Informe número 12/2024 del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, remitido al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, documenta uno de los escándalos más graves que ha sacudido a la Unidad Central Operativa (UCO). En su epicentro se encuentra Juan Sánchez Yepes, capitán del grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO durante casi una década, y su estrecha relación con Antonio Rodríguez Estepa, empresario condenado por graves delitos económicos.
El informe, exhaustivo en pruebas y conclusiones, atribuye a Sánchez Yepes la comisión de varios delitos de extrema gravedad: pertenencia a organización criminal, cohecho, violación de secretos oficiales y blanqueo de capitales, entre otros. Lo que revela el documento no es solo la corrupción de un agente, sino la utilización de una de las unidades de élite del Estado para intereses privados delictivos.
Una “amistad fructífera” desde 2013
La relación entre Sánchez Yepes y Rodríguez Estepa comenzó en 2013, cuando este último fue detenido precisamente por el grupo de delitos económicos de la UCO, bajo sospecha de blanqueo de capitales, organización criminal, falsedad documental y fraude fiscal. Lejos de enfriarse, esa detención fue el punto de partida de una alianza estratégica.
El capitán reconoció ante los investigadores una “relación de amistad personal de larga duración” con Estepa, que se mantuvo incluso después de que este fuera condenado por delitos fiscales y vinculado a tramas como Goldpetroleum, ANESPI o ANEVOC, suministradora de Gaslow.
Desde 2014 en adelante, ambos mantuvieron contacto regular, fluido y con beneficio mutuo. El informe describe cómo Sánchez Yepes proporcionaba información sensible de procedimientos judiciales y policiales que afectaban a los intereses de Estepa y su entorno.
Una red criminal con agentes dentro del sistema
La pieza clave para sostener esta conexión fue José Luis Caramés Taboada, a quien el informe define como intermediario habitual entre Sánchez Yepes y Estepa. Caramés canalizaba pagos, regalos, servicios y cobertura empresarial para favorecer al capitán. Entre los favores prestados al agente figuran reformas en su domicilio, adquisición de muebles y electrodomésticos de alta gama, y la entrega de efectivo y productos electrónicos por valor de decenas de miles de euros.
El objetivo de esta red era utilizar la infraestructura de la UCO para atacar a empresas competidoras, obtener ventaja en licitaciones, adelantarse a investigaciones judiciales o interferir en procesos administrativos vinculados al sector energético, tecnológico o de distribución de carburantes.
El flujo económico: más de 973.000 euros recibidos
El documento incorpora un análisis patrimonial completo del capitán Sánchez Yepes. En él se detalla el siguiente balance:
- Cobros totales detectados en efectivo, especie y operaciones simuladas: 973.677,72 €
- Pagos realizados por el capitán sin origen justificado: 1.004.271,51 €
- El origen de los fondos está, según Asuntos Internos, directamente relacionado con la organización criminal encabezada por Estepa. Se incluyen ingresos en metálico por más de 287.000 euros, pagos recibidos a través de sociedades pantalla, regalos y operaciones comerciales encubiertas.
Criptomonedas: pagos invisibles con tecnología blockchain
Entre los mecanismos de pago empleados destaca el uso de criptomonedas. Sánchez Yepes disponía de un dispositivo físico ("Ledger Nano S") en el que los peritos forenses identificaron transacciones en Bitcoin y Ethereum por un valor superior a 45.000 euros.
La técnica empleada incluía la conversión de criptoactivos en tarjetas prepago y compras anónimas mediante plataformas como Bitrefill o Bitnovo. Este sistema permitía al capitán disfrutar de beneficios económicos sin dejar rastro bancario tradicional.
Bienes ocultos y propiedades encubiertas
Una de las operaciones más significativas fue la compra de una finca en la calle Ítaca de Valdemoro, cuyo precio declarado fue de 60.000 euros. Sin embargo, el vendedor declaró haber recibido 100.000 euros, de los cuales 40.000 se entregaron en efectivo. Además, se realizaron reformas por valor de 67.539,65 euros sin justificación contable.
A este caso se suma la compra de un piso en Getafe, realizada por Sánchez Yepes en condiciones muy favorables y, según el informe, vinculada directamente a Antonio Arroyo Arroyo, empresario con conexiones probadas con Rodríguez Estepa y Caramés. Arroyo habría facilitado la operación simulando un préstamo privado que nunca fue documentado ni registrado legalmente, lo que permite inferir una operación de blanqueo mediante adquisición inmobiliaria.
La UCO como herramienta al servicio del fraude
Más allá de los cobros y favores, el aspecto más grave es el uso de la propia UCO para ejecutar intereses privados. El informe señala que:
Sánchez Yepes accedía de forma no autorizada a bases de datos sensibles de la Guardia Civil.
Facilitaba información sobre fechas de registros, estrategias de investigación y movimientos procesales.
Encargaba investigaciones prospectivas sin orden judicial sobre empresas o personas que competían con el entorno empresarial de Estepa.
Estos actos, presuntamente cometidos desde el interior de una de las unidades más prestigiosas de la Guardia Civil, comprometen gravemente la legalidad y validez de numerosos procedimientos abiertos entre 2014 y 2022.
Causas bajo sospecha
El informe advierte de que múltiples investigaciones en las que participó Sánchez Yepes podrían estar viciadas de nulidad, debido a su participación activa en una organización criminal y a la manipulación intencionada de actuaciones procesales.
Entre ellas destacan procedimientos relacionados con el fraude de hidrocarburos, o informes policiales que terminaron judicializándose contra rivales empresariales del entramado.
El papel de Antonio Rodríguez Estepa
Estepa, ya condenado por delitos agravados contra la Hacienda Pública, aparece en el informe como el nexo de unión de un complejo entramado económico, jurídico y policial. Controlaba sociedades, testaferros, abogados y funcionarios públicos. Su vinculación con Gaslow, AXOIL y otras distribuidoras de carburantes lo situó en el radar de la UCO... hasta que su relación personal con el capitán del grupo de Blanqueo le garantizó protección y ventaja informativa desde dentro.
Un daño institucional de primer nivel
Este caso no se limita a un caso aislado de corrupción. Lo que demuestra el informe es que la red criminal penetró los mecanismos del Estado, comprometiendo la integridad de una de sus unidades de élite. La UCO, reconocida nacional e internacionalmente por su eficacia contra el crimen organizado, queda ahora bajo sospecha.
Urge, por tanto, una revisión estructural, una depuración de responsabilidades y una garantía de que ninguna otra investigación en curso o pasada haya sido manipulada para fines espurios.
La confianza quebrada desde dentro
La relación entre un capitán de la Guardia Civil y un empresario condenado por delitos fiscales no es solo un escándalo judicial. Es una crisis de confianza institucional que exige respuestas.
Serán ahora los tribunales, y entre ellos de forma destacada la Audiencia Nacional, quienes deberán analizar con detalle si los procedimientos en los que intervino el capitán Sánchez Yepes contienen pruebas obtenidas de forma ilícita, y en tal caso, decidir si deben mantenerse o ser desmantelados total o parcialmente por encontrarse contaminados jurídicamente.
Cuando el Estado se convierte en herramienta de una organización criminal, la democracia se debilita. El informe 12/2024 deja claro que los hechos no son aislados, ni casuales. Son sistémicos, estructurados y ejecutados desde el corazón del sistema.