Solicitan investigar a 11 agentes de la UCO por atestados presuntamente manipulados en la causa contra Hafesa
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha recibido un escrito demoledor que solicita la práctica de una batería de diligencias de investigación sobre once agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El documento, presentado por la letrada María Dolores Pena Rey, sostiene que los agentes podrían haber estado inmersos en una trama de corrupción destinada a “crear causas falsas” para perjudicar a determinadas empresas del sector de los hidrocarburos, en especial Hafesa Energía.
La letrada María Dolores Pena Rey, firmante del escrito, denuncia la posible vinculación de estos agentes con delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos y falsedad documental, todos ellos recogidos en el Título XIX del Código Penal, relativo a delitos contra la Administración Pública.
El escrito solicita formalmente que se oficie a los Juzgados Centrales de Instrucción nº 5 y nº 6 de la Audiencia Nacional para confirmar si los agentes están siendo investigados en el marco de las Diligencias Previas 100/2021 y 35/2019. También pide que la Unidad Central Operativa remita todos los informes internos elaborados por la Unidad de Asuntos Internos sobre los funcionarios señalados.
Un escrito con fundamento en investigaciones periodísticas
La gravedad del escrito no se limita a una mera sospecha procesal. La letrada sustenta su solicitud en múltiples informaciones periodísticas de medios como The Objective, EPE, Diario Red y El Economista, que han desvelado un entramado presuntamente corrupto que operaba desde el interior de la Guardia Civil.
Se denuncian pagos en metálico, sobornos encubiertos mediante criptomonedas, contratación de familiares de agentes y utilización instrumental de testigos protegidos presuntamente manipulados. Todo ello, con el propósito de destruir la competencia comercial en favor de operadoras como GM Fuel o AXOIL, mientras se fabricaban pruebas contra Hafesa Energía.
Testigos protegidos y la sombra de una organización criminal
Uno de los ejes del escrito es la impugnación del testimonio del Testigo Protegido 1, cuya identidad sigue bajo reserva. La parte recurrente alerta de que este testigo podría formar parte de una estructura dirigida por Antonio Rodríguez Estepa, descrito en medios como cabecilla de una organización que se beneficiaba de tratos de favor a cambio de elaborar material probatorio manipulado.
Implicaciones procesales: ¿juicio viciado de origen?
De confirmarse los hechos descritos, la letrada María Dolores Pena Rey sostiene que el procedimiento penal podría estar viciado de nulidad radical, al basarse en pruebas presuntamente obtenidas por agentes sin la debida imparcialidad.
El artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que no surtirán efecto las pruebas obtenidas “directa o indirectamente” con violación de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a un juez imparcial y a un proceso con todas las garantías.
La Audiencia Nacional tiene la última palabra
El escrito finaliza solicitando a la Sala que acuerde la práctica inmediata de las diligencias propuestas “en aras de identificar a la mayor brevedad posible si los Guardias Civiles que forman parte de este procedimiento están siendo investigados en otros procedimientos directamente relacionados con el presente”.
Este escrito marca un punto de inflexión en el procedimiento abreviado 2/2023 que se sigue en la Audiencia Nacional. Lo que está en juego no es solo la responsabilidad penal de unos agentes, sino la credibilidad del aparato judicial y policial del Estado.
Si se acredita que hubo agentes públicos al servicio de intereses privados, fabricando pruebas y destruyendo pruebas exculpatorias, la Audiencia Nacional se enfrentará a uno de los mayores escándalos institucionales de los últimos años.
