Continúa la agenda reformista del Ejecutivo de Rajoy. Después de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, las reformas laboral y financiera, la lay de Transparencia y el Plan Antifraude, le toca el turno a la Justicia. Ya hace varias semanas que el presidente del Gobierno vende en sus últimos discursos esta nueva reforma como una «de las joyas de la Corona». Aún no han trascendido muchos detalles al respecto, aunque ya sabemos que se encuentra entre una de las prioridades de Rajoy para esta legislatura. No obstante, este martes, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dibujado algunas pincelas de este próximo reto ‘popular’. Lo ha hecho en un desayuno-informativo organizado por Europa Press, y rodeado de destacadas personalidades del ámbito jurídico ha anunciado algunas de las novedades que introducirá esta nueva normativa.
En primer lugar, y en respuesta a algunas preguntas formuladas por los periodistas allí presentes, ha hablado de la denominada prisión permanente revisable, que tiene previsto introducir el Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy, y que según Gallardón se aplicará «exclusivamente» a los delitos de terrorismo. El Gobierno descarta la aplicación de esta medida a otros delitos de carácter grave como los cometidos contra menores o violaciones. Una medida que presenta algunos problemas de aplicación, puesto que tal y como ha explicado el ministro de Justicia, es difícil acreditar que quienes cometen este tipo de delitos no volverán a incidir una vez se encuentre en libertad.
Sin embargo, y en relación con el seguimiento penitenciario de los condenados por delitos terroristas, Ruiz-Gallardón ha manifestado que, pese a los «errores» que pueda presentar cualquier sistema de vigilancia penitenciaria» en éste tipo de conductas sí se puede acreditar fehacientemente «que hay una decisión de abandono de esa actividad terrorista, y por lo tanto el cumplimiento de la reinserción». Según el ministro, la aplicación de esta medida es un compromiso incluido en el programa electoral del PP y está vigente en otros países de nuestro entorno como Francia o Reino Unido. «En contra de lo que muchas veces se ha dicho haciendo caricatura, es cabalmente lo contrario a la cadena perpetua, porque establece un régimen con el mandato constitucional de que la pena tiene que tener una finalidad de reinserción social, y que es eso lo que condiciona la libertad».
Sobre el modo en que se revisará esta prisión permanente, el ministro ha señalado que dependerá del momento del cumplimiento de un mínimo de años que se establecerán en sentencia. «En la legislación europea hay países que establecen un mínimo de 20 o 25 años -ha añadido-, pero tendremos que precisar cuál es. Si la revisión es positiva se producirá la puesta en libertad, y si no es positiva se establecerá otro mínimo antes de la nueva revisión». Con respecto a los menores, Ruiz-Gallardón ha anunciado que se endurecerán penas como las agresiones sexuales y se reformará la Ley del Menor desde el punto de vista procesal, para evitar la «disfunción» actual del enjuiciamiento en paralelo y en juicios distintos de delitos en los que han incurrido mayores y menores de edad.
Derecho de manifestación salvaguardado
Preguntado por las medidas contra el vandalismo callejero que ya ha adelantado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el titular de Justicia ha asegurado que en todo caso van a suponer «la defensa de un derecho constitucional como es el de manifestación». A su juicio, «quien más ataca más el derecho de manifestación son aquellas personas que infiltrándose en manifestaciones legítimas de protesta contra decisiones del Gobierno, y desde una estructura organizada que la Policía tiene perfectamente identificada, realizan agresiones a personas y a bienes públicos y privados».
Según Ruiz-Gallardón, estos elementos incurren en «una auténtica prostitución de lo que es el derecho a la manifestación», y contra ellos se dirigirán las medidas de endurecimiento del Código, «lo que no supone en modo alguno limitar el derecho ni penalizar a sus convocantes al margen de cuál sea su resultado final»
Además, las medidas de no afectarán a la denominada «resistencia pasiva», pues según el ministro irán dirigidas acabar con escenas «que están en las retinas de todos» y que suponen agresiones contra bienes y personas. En este punto, la visión de Justicia se contradice con lo manifestado por Fernández Díaz, quien avanzó en el Parlamento que incluirá como delito de atentado contra la autoridad «la resistencia activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad».
Elsa S. Vejo/Agencias