El secretario general de Enseñanza de CCOO, Francisco García, ha saludado que el Gobierno haya acordado que con carácter general no se reanuden las actividades lectivas presenciales hasta septiembre y hasta entonces, ha planteado la urgencia de abrir un debate para «redefinir los nuevos espacios y tiempos escolares, tal y como ha puesto de manifiesto la pandemia».
Respecto a la posibilidad de puedan volver algunos alumnos de último curso de Bachillerato o de escuelas infantiles en aquellas comunidades en las que la situación sanitaria lo permita, García opina que esa decisión debe estar supeditada a garantizar la salud del alumnado y del profesorado, debe ser negociada con los sindicatos, se deben dotar de equipos de protección y garantizar distancias.
«Exige pensar y preparar bien el curso que viene, desde el punto de vista organizativo y pedagógico, repensando qué contenidos básicos de la tercera evaluación hay que reenganchar, dotar de profesores de apoyo, hacer grupos más reducidos y una apuesta clara por la educación y con compromiso financiero».
El responsable de CCOO considera que hay que abordar la brecha digital que se ha puesto de manifiesto y dotar de medios a los profesores ante la posibilidad de que haya que volver a trabajar en algún momento de forma no presencial.
Para el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT las medidas anunciadas generan más dudas que certezas y reclama que se antepongan los criterios sanitarios a cualquier otra consideración para la reanudación de actividades en los centros educativos.
Así, antes de la apertura de las aulas, propone que se realicen pruebas diagnósticas de PCR a los trabajadores que desempeñen actividades en los centros; el tratamiento individualizado, de cara a la actividad presencial, de las personas especialmente sensibles, como diabéticos o con enfermedades crónicas, la desinfección previa y periódicas medidas de limpieza general del centro y disponibilidad de jabones desinfectantes de uso rápido en todas ellas.
Además, reclaman que se proporcione a los trabajadores equipos de protección individual; limitar a las estrictamente imprescindibles las horas presenciales en los centros y disminuir la ratio del alumnado, así como establecer protocolos de actuación con medidas concretas sobre distanciamiento físico, eliminación de residuos o qué hacer en caso de alumnado o personas trabajadoras con síntomas.
Si hubiera actividades en julio, el sindicato reitera que deberían ser realizadas por personal ajeno a los centros educativos y pregunta por la situación de los trabajadores de las Escuelas Infantiles, «muchos de ellos acogidos a ERTE, cuando no directamente despedidos».
El sindicato destaca que el fin de los centros educativos no es la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, aunque sean un importante elemento conciliador, y que deben ser las empresas y las Administraciones públicas las que garanticen al conjunto de las personas trabajadoras esas medidas de conciliación.
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