Con el acuerdo alcanzado en la Conferencia General de Política Universitaria el 27 de mayo, se pretenden bajar los precios públicos de los estudios oficiales de grado en su primera matrícula, para lo que se da de plazo hasta el curso 2022-2023 a las comunidades, así como garantizar la igualdad de oportunidades y armonizar la disparidad de precios existentes entre las comunidades.
Para los estudios de grado, se fija como valor de referencia global el precio medio de estos estudios universitarios en el conjunto de las comunidades en el curso 2011-2012, que fue de 16,05 euros por cada crédito académico.
Se determina como precio máximo un índice de 115 del valor medio nacional de las tasas en primera matrícula, de tal modo que las comunidades que en el curso 2011-2012 tuvieran un índice de 115 o superior sobre la media nacional equivalente a 100, el precio de un crédito de grado queda fijado en el valor del índice 115 (18,46 euros por cada crédito).
En las que las tasas se mantuvieron entre los indicadores 85 y 115, continuará vigente el precio máximo del crédito del curso 2011-2012.
En el caso de que sea inferior a 85, no habrá que reducir los precios y se podrán mantener las tasas del curso 2019-2020.
De acuerdo con este modelo, no tendrían que bajar sus precios con respecto a 2019-20 Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia.
En cambio, otras ocho comunidades (Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja) tendrían que hacer un ajuste moderado, mientras que el ajuste mayor será para Cataluña y Madrid, ya que son las únicas que superan el índice máximo de 115.
Los precios máximos en segundas y sucesivas matrículas para los estudios de grado quedan fijados en los vigentes en el curso 2019-2020 en cada comunidad autónoma.
También se mantendrán los precios del último curso para los máster, en su primeras y sucesivas matrículas.
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