Según ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la titular de Educación, Isabel Celaá, el convenio para lanzar este programa, firmado por su departamento, el de Asuntos Económicos y Red.es, está dotado con 260 millones de euros y su objetivo es impulsar la transformación tecnológica de la educación.
La Ministra ha reconocido que «a pesar de que hayamos podido arreglarnos con la educación en línea durante el confinamiento, hemos comprobado que todavía hay muchas necesidades y por eso hacemos un gran esfuerzo inversor en materia de digitalización».
Para financiar el programa se movilizarán 190 millones de euros a través de Red.es, 184 millones de fondos Feder y 70 millones desde las comunidades que se adhieran a la iniciativa para dotar de dispositivos y conectividad a centros de titularidad pública porque «los programas europeos se trasladan a través de la iniciativa pública», según ha anunciado Celaá.
Los centros pondrán a disposición de los alumnos mas vulnerables en préstamo hasta 500.000 dispositivos electrónicos con conexión a internet que faciliten la educación digital en el centro y el hogar y que se comenzarán a distribuir a lo largo del primer trimestre del curso 20-21, conforme se vayan firmando los convenios con las comunidades.
Educación ha destacado que este programa es independiente del denominado Fondo Covid-19, que prevé destinar 2.000 millones de euros al sistema educativo, de los cuales 400 serán repartidos entre comunidades para universidades y centros de educación superior, según ha acordado el Consejo de Ministros.
La distribución territorial del crédito total se realizará en base a los tramos y criterios de distribución: El 80 % de su importe irá a comunidades de régimen común en función de la población de 0 a 16 años, según las cifras del Padrón para cada Comunidad Autónoma, a 1 de enero de 2019; el 20 % entre las de régimen común según la población de 17 a 24 años.
Además, se asignará a cada una de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla un importe de 7 millones de euros.
Con esta medida, el Ministerio de Universidades pretende financiar las necesidades presupuestarias derivadas de la crisis sanitaria, así como paliar las demandas de las universidades y otros centros de educación superior.
Esta medida ha sido aplaudida por la conferencia de rectores (Crue), aunque ha precisado que esta cantidad no tiene como fin compensar o sustituir la menor financiación que las universidades sufrirán por la modificación de los precios públicos de las matrículas, que deben compensar las comunidades, según el acuerdo alcanzado con el Ministerio.
Crue ha urgido en «agilizar la ejecución» de estos fondos y evitar la burocracia para que el impacto sobre la comunidad universitaria, especialmente sobre el estudiantado más vulnerable, sea mínimo.
De cara al próximo curso, Celaá ha insistido en que la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los alumnos en los colegios «no es un capricho» ni una cuestión sobre la que se pueda «decidir acortar», ya que está contemplada en el Decreto sobre la nueva normalidad.
La titular de Educación ha subrayado que se trata de una medida con «base científica», que su departamento tiene que aplicar para «proteger al niño, a los profesionales y a las familias» frente al contagio de covid-19.
«No tenemos tratamiento ni vacuna y nos hemos visto obligados a dictar unas medidas coyunturales y temporales», ha destacado mientras expresaba su esperanza de, «por el bien de todos, terminar un curso 20-21 sin necesidad de aplicarlas porque haya desaparecido el virus».
Sobre la aplicación de las medidas sanitarias que habrá que contemplar el próximo curso, Celaá ha recalcado que en virtud de la autonomía de que disponen los centros, sus direcciones decidirán quien será el responsable de controlar lo referido a la distancia personal, las medidas de higiene, el control de rebrotes o la ventilación.
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