La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha insistido en los últimos días que las escuelas deben estar abiertas en septiembre – «es un objetivo irrenunciable», ha remarcado- y en caso de tener que priorizar por las circunstancias de la pandemia serían los alumnos de primaria e infantil los que continuaran el curso de manera presencial.
Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), la información obtenida de ese seguimiento servirá para efectuar las recomendaciones y adoptar las decisiones precisas en respuesta a las situaciones que se produzcan, en coordinación y colaboración con las administraciones educativas y sin perjuicio de las competencias que el ordenamiento jurídico vigente reconoce a las comunidades autónomas.
Las funciones de la Comisión de Trabajo serán favorecer el intercambio de información entre el Ministerio y las restantes administraciones educativas, establecer cauces de intercambio de información y propuestas con el Ministerio de Sanidad e identificar necesidades que pudieran aconsejar modificaciones en la normativa o en la gestión de los recursos.
Además, identificará las desigualdades en el acceso a la educación incrementadas por la interrupción o disminución de actividades lectivas, a fin de promover acciones destinadas a compensarlas.
Este grupo de trabajo analizará y podrá proponer medidas necesarias para el buen desarrollo de la actividad educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional y será la encargada de favorecer la relación con las consejerías responsables de salud pública en Ceuta y Melilla.
La Comisión de Trabajo, que mantendrá su funcionamiento mientras duren los efectos derivados de la pandemia, está presidida por el titular de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa e integrada por seis vocales con rango de Subdirector General o asimilado de distintas áreas del ministerio, como FP, Evaluación y Cooperación Territorial o Planificación y Gestión Educativa.
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