El «curso covid», como ya se le califica en algunos sectores, debe ser presencial, según coincide la comunidad educativa consultada por Efe, porque es la única manera de que todos los alumnos «jueguen en la misma liga», tal y como expresó recientemente la ONU, que ha pedido la reapertura de las escuelas en cuanto sea posible en todo el mundo para evitar una catástrofe.
Pero hacen falta instrucciones precisas, garantías para la salud y pautas claras sobre cómo actuar cuando vayan surgiendo positivos.
Estas condiciones, que implican la reducción del número de alumnos por clase y el seguimiento sanitario riguroso de los centros, van a exigir un aumento de recursos y de personal.
Es el momento, por ejemplo, de implantar la enfermera o coordinador escolar, coinciden la mayoría de los representantes de padres, y también de que se legisle la enseñanza por internet ante el riesgo de un nuevo confinamiento y de que el Ministerio de Sanidad tome la batuta para asegurar unos mínimos en todo el territorio, según organizaciones de profesores consultadas por Efe.
Todos ellos apremian para que se adopten iniciativas a la espera que se celebre la Conferencia de Presidentes monográfica sobre Educación, convocada a poco más de una semana del arranque del curso.
El doctor Fernando Simón ha asegurado que el Gobierno y las comunidades trabajan desde hace meses «muy concienzudamente» en la vuelta al cole y «hay procedimientos y protocolos y recomendaciones de cómo actuar y organizar las escuelas y los colegios», aunque se van a mantener más encuentros para detallar mejor algunos de los protocolos.
Las Consellerias catalanas de Salud y Educación ya han avanzado algunas de las medidas que prevén: estudiar el cierre de los centros educativos a partir de la aparición de dos contagios en dos grupos de convivencia separados.
EN LAS AULAS SÍ, PERO SEGUROS
Los padres de la enseñanza pública, agrupados en la CEAPA -la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos-, defienden la importancia de la presencialidad para garantizar la equidad e igualdad de oportunidades del alumnado, ya que si algo ha quedado claro en el curso pasado es que la enseñanza a distancia dificulta el derecho a la educación, a causa de la brecha digital y social.
«Las clases presenciales son insustituibles, pero hay que poner todas las garantías para que sea de manera segura, que no va a haber ningún riesgo de contagio, y hay que hacerlo con independencia de la comunidad autónoma donde se resida; todos los alumnos deben tener las mismas garantías. Faltaría algo más de consenso entre las regiones y también para poner el acento en el alumnado», opina su presidenta de la Confederación, Leticia Cardenal.
Los padres de la concertada (CONCAPA-Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) están dispuestos a sugerir que no se incorporen los alumnos a las aulas hasta que no se garantice esa seguridad y los centros estén preparados para recibir a los niños.
«Entre las familias hay una enorme incertidumbre, aunque ya hay algunas comunidades que han puesto encima de las mesa algún protocolo de actuación con tres panoramas para empezar: en el peor supuesto, en el mejor y en un intermedio. A día de hoy todo son recomendaciones, no hay protocolos y no se garantizan las medidas sanitarias necesarias para que los niños vuelvan con total seguridad», explica Pedro José Caballero, su presidente.
Para los estudiantes «es imposible empezar el curso y mantener la distancia de seguridad y otras medidas si no se baja el ratio de alumnos o se contrata a más profesores», asegura Marina Mata, del Sindicato de Estudiantes.
«Hemos vivido un cierre de curso que ha sido un completo caos, ha sido imposible de seguir para muchos, sobre todo para los que viven en familias vulnerables que no han tenido ni ordenador ni internet», añade, y reclama un plan para revertir los recortes de la educación pública, «que ya se encontraba en situación de emergencia antes de la pandemia».
El sindicato de profesores ANPE pide el liderazgo del Ministerio de Educación para evitar que arranquen 17 cursos escolares distintos en España. «Cada comunidad está contratando profesorado, pero siguiendo unas instrucciones propias; nos gustaría que hubiera unas medidas que no fueran meras recomendaciones», asegura Sonia García, secretaria de comunicación del sindicato.
Para otro de los sindicatos, STES, las medidas que se han implementado tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas no son suficientes. «A día de hoy, la vuelta presencial es preocupante; nos gustaría que se nos consultara dentro de tres semanas viendo cómo está la situación de la pandemia», asegura José Ramón Merino, responsable de acción sindical.
EL MINISTERIO DE SANIDAD DEBE TENER LA BATUTA
Los padres de la pública reclaman que sea el Ministerio de Sanidad el que fije esas «pautas de obligado cumplimiento, al margen de que se tengan en cuenta la casuística de contagios de cada comunidad».
Proponen que se implanten medidas claras, como las que se han adoptado en otros ámbitos: «tomar la fiebre a la entrada del centro escolar o desinfección de los zapatos; van a pasar muchas horas allí y hay que garantizar que nadie de la comunidad educativa corra ningún riesgo dentro de los colegios, alumnos, profesores, administrativos, trabajadores del comedor o repartidores».
«Son 8.200.000 alumnos en todo el territorio, qué va a pasar cuando le dé fiebre a un niño, cuál va a ser la actuación del colegio, el papel de los profesores y cómo vamos a actuar las familias», se pregunta el presidente de CONCAPA.
Desde el ámbito del profesorado, ANPE también reclama el liderazgo de Sanidad. «En algunos coles no se ha acordado el uso de mascarillas, en otros se ha fijado la distancia de un metro y medio, en otros, grupos burbuja; parece que la covid actúa de manera diferente en una región que en otra, cuando debería hacerse de manera igual». Sanidad deber acordar esas medidas por «criterios sanitarios y no por criterios políticos o financieros».
ENFERMERA ESCOLAR O DELEGADO EN LAS AULAS
«Ante la actual situación de brotes, la única posibilidad de controlar los contagios es hacer test periódicos y masivos a toda la comunidad educativa y, si no es viable porque no hay dinero, que desde la administración se garantice que se pueda contratar a una auxiliar de enfermería que estuviera en los centros y que tuviera el control de quién entra o no y en qué condiciones», sugieren desde CEAPA.
La figura del «coordinador de bienestar» o la «enfermera escolar» son clave ahora más que nunca, argumenta el sindicato ANPE para tomar decisiones cuando haya un positivo o para detectarlo según los síntomas.
«Debe estar en los centros para coordinar la promoción de la salud, la coordinación de las medidas frente a la covid y para ayudar al profesorado y al alumnado; porque está recayendo sobre el profesorado y somos profesionales en lo educativo pero no en lo sanitario».
ANTE EL RIESGO DE UN NUEVO CONFINAMIENTO, LEGISLAR YA LA ENSEÑANZA POR INTERNET
Muchas de las comunidades autónomas se han planteado tres escenarios: el presencial total si la pandemia está más o menos controlada; el mixto, combinando presencial con grupos de convivencia de unos veinte alumnos y enseñanza en línea, y el totalmente telemático, si es imposible la incorporación a las aulas.
«Ninguno de los tres panoramas está definido, les han dado la responsabilidad a cada centro para que se organicen como puedan y los colegios no están preparados porque no ha habido tiempo», explica el representante de los padres de la concertada, quien lamenta que «se están dando palos de ciego, sin saber cómo empezamos».
Para CEAPA y ANPE no hay que esperar para ver qué escenario se aplica, hay que legislar ya para que se desarrolle la enseñanza en línea en los centros educativos y no se repitan los errores del último trimestre.
«Se deben trazar unas líneas mínimas para trabajar y legislar la enseñanza ‘online’; hemos visto cómo ha recaído durante la covid gran parte de la educación en las familias, hemos tenido que enseñar y adelantar la materia y nos hemos visto desbordados», señalan los padres.
Sonia García de ANPE explica que muchas comunidades tienen planes de digitalización, «pero no se han puesto manos a la obra». «No se ha destinado el dinero, las instrucciones del inicio de curso han salido a finales de julio y son muy dispares entre unas y otra; se han reforzado plantillas, se ha provisto de material como geles y mascarillas, pero no hay coordinación».
Ana Rodrigo