Aunque las competencias educativas las tienen las comunidades, y cada una de ellas van anunciando sus protocolos, cada vez cobra más fuerza la petición de unos mínimos planes comunes para hacer frente al coronavirus en las aulas, especialmente en un momento en que la expansión de los contagios hace preguntarse si se mantendrán las fechas previstas de inicio de curso.
Este lunes el Ministerio de Educación ha querido aclarar que no se está valorando «ninguna modificación» respecto a que el curso arranque en las fechas previstas de septiembre, distintas por estar fijadas por cada autonomía pero sumando siempre un mínimo de 175 días lectivos.
A falta de lo que se concrete en la Conferencia Sectorial de este jueves -presidida por los ministros de Educación y Sanidad-, sigue vigente el acuerdo suscrito en junio por la ministra Isabel Celaá y las comunidades (menos Madrid y Euskadi), que establece que el curso comenzará «en las fechas habituales del mes de septiembre y con la presencialidad como principio general».
Pero las familias siguen con inquietud cada día que pasa e incluso algunas se plantean si llevar o no a sus hijos al colegio.
El presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), Pedro Caballero, ha señalado que «la Administración educativa no debe traspasar sus competencias a las familias ni hacerlas responsables de la incorporación a las aulas».
«Las familias queremos que los colegios se abran, haya una incorporación presencial a ser posible y que se garanticen las medidas sanitarias para nuestros hijos y sus educadores», ha dicho.
«A día de hoy no sabemos si se puede garantizar todo ello o no, no sabemos si están preparados los centros, si habrá material para llevar las medidas a cabo, no sabemos si hay más profesorado, si habrá pruebas PCR a los profesores y alumnado, no sabemos nada», ha recalcado.
Caballero ha asegurado que reciben muchas llamadas de padres «alarmados» por la situación que se puede vivir en sus casas en caso de contagios y ha explicado que Concapa está estudiando las medidas jurídicas que pueden producirse si una familia no lleva a clase a sus hijos.
Desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) se reivindica el derecho a la educación presencial con las máximas garantías higiénico-sanitarias.
Otros padres van más allá y a través de plataformas como Change.org están recogiendo firmas para defender que sea voluntaria la vuelta a clase mientras no haya medidas seguras.
Así, el Instituto andaluz para la prevención del acoso escolar ha recogido casi 15.000 firmas bajo el eslogan: «Si vuelve al colegio o estudia en casa lo decidimos los padres».
«Un año escolar se recupera, la vida no. No mandes a tus hijos a clase» es otra de las peticiones, en este caso con más de 8.000 firmas.
Y lleva más de 222.000 firmas otra petición de una profesora que pide a Celaá y a las comunidades que «dejen de pasarse la pelota y que cada cual haga lo que está dentro de sus competencias» para una vuelta a los centros con seguridad.
Mientras, las comunidades van desgranando día a día sus planes para el inicio del curso.
La Comunidad de Madrid, primera comunidad en arrancar junto con Navarra el día 4 para escuelas infantiles, anunciará mañana sus nuevos planes, mientras que Cataluña ya ha especificado este lunes que las mascarillas serán obligatorias para todos los alumnos de más de 12 años, y para los mayores de 6 años en aquellos territorios donde sea más elevado el riesgo de contagio, mientras que la ratio de alumnos en las clases de Primaria será de menos de 20 alumnos.
Por su lado, el consejero de Educación valenciano, Vicent Marzà, ha considerado que el metro y medio, la mascarilla y los grupos estables de convivencia son instrumentos contra la pandemia «que han venido para quedarse este curso».
Marzà ha valorado el consenso con toda la comunidad educativa en su región para un inicio de curso seguro.
Algo que parece que no se ha producido en Madrid, donde están convocadas -desde CCOO, UGT, CGT y STEM- huelgas para los días del inicio de curso de cada etapa educativa y una huelga conjunta el 10 de septiembre.
Y la Marea Verde de Madrid, movimiento que defiende la educación pública, ha convocado una movilización el 5 de septiembre para exigir frente a la Conserjería de Educación una vuelta «segura» a las aulas «cien por cien presencial» y un Plan de Rescate nacional para la educación pública.
El sindicato independiente ANPE, que se desmarca de las protestas, ha exigido un protocolo de actuación unificado y ha lamentado que la Sectorial de este jueves llegue «tarde».
CSIF, por su lado, ha exigido la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Educación y que se aborde con el personal docente la apertura de centros de manera negociada y homogénea.
Pilar Rodríguez Veiga