La idea de la Junta de Castilla y León es «aligerar» el trabajo que hasta ahora vienen realizando los médicos y el personal de enfermería de la atención primaria, que realizan el mismo procedimiento en hospitales y centros de salud en casos sospechosos de covid-19, ya sean procedentes de alguno de los brotes detectados o de un diagnóstico aislado.
En una entrevista con EFE, la consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha dado por hecho que «evidentemente» este nuevo cometido supondrá un incremento del coste del contrato con las empresas que ya prestan este servicio a la Junta a través de los servicios de prevención de las consejerías, pero ha descartado adelantar su cuantía porque aún lo están «analizando» entre las partes.
La demanda del servicio por parte de los colegios en cada momento será la que determine el número definitivo de facultativos que tendrán que ser empleados para este fin, aunque estos mismos recursos son los que ya se han hecho cargo de las pruebas serológicas de los empleados públicos de Castilla y León, en concreto de los realizados a los profesores de cara al inicio del curso.
¿CÓMO FUNCIONARÁN?
La consejera ha explicado que poco a poco irán conociéndose más detalles del funcionamiento de estos equipos «Covid-Colegios», pero el planteamiento general consistirá en que, ante la aparición de un caso sospechoso de contagio, estos facultativos se desplazarán o bien al colegio o bien al domicilio del alumno o profesor afectado para tomar una muestra.
El objetivo y el compromiso de la Junta es que estas tomas de muestras estén realizadas en un máximo de 36 horas y que entonces se remitan a los laboratorios de las universidades públicas de la Comunidad, ya que de este modo se liberará de más carga de trabajo a los laboratorios de los hospitales, en prevención de un posible incremento de test en las próximas semanas o meses.
En caso de que la prueba resulte positiva, la información será compartida con Salud Pública para activar el protocolo en estos casos, con el aislamiento y la realización de pruebas a los contactos estrechos a partir de segundo de Primaria y a toda la clase en caso de ser una de las consideradas ‘aula burbuja’, en los tres cursos de Educación Infantil y en primero de Primaria.
Lucas también ha detallado que toda esta información sobre los positivos y las pruebas realizadas en los centros educativos tendrá un tratamiento similar al que se sigue con las residencias de mayores, sobre cuyos contagios informa a diario la Junta de Castilla y León, aunque aún están perfilando este procedimiento.
El funcionamiento de estos equipos está inspirado en la experiencia de los denominados «Covid-Residencias», que sirvieron de apoyo a las residencias de mayores durante los peores meses de la pandemia, dado que en muchos de estos centros asistenciales no contaban con médicos o personal suficiente de forma permanente y los médicos que habitualmente apoyaban desde los centros de salud de referencia estaban saturados por la presión asistencial propia de la crisis sanitaria.
Son las consejerías de Educación y Sanidad las que ultiman este sistema de recogida de muestras, que se convertirá en el termómetro de la evolución de la pandemia en las escuelas y marcará el ritmo de los posibles aislamientos de alumnos y profesores, así como la evolución general del curso, que arranca con las incertidumbres propias del contexto del coronavirus.
No obstante, Lucas ha asegurado que, con las medidas de prevención aplicadas, especialmente con la existencia de al menos un metro y medio de distancia entre pupitres y el uso generalizado de mascarillas a partir del segundo curso de Primaria, los alumnos y los profesores «van a estar más seguros en las aulas» que en otros lugares, fuera del ámbito educativo.
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