La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Pablo Ruz que impute al actual presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, y al club azulgrana como persona jurídica, por un delito contra la Hacienda Pública que habría cometido al defraudar 2,8 milones de euros en 2014 en relación con el fichaje del futbolista brasileño Neymar.
Así consta en un escrito en el que el Ministerio Público también solicita que el expresidente de la entidad Sandro Rosell y el Fútbol Club Barcelona sean juzgados por la adquisición de Neymar, que habría costado un total de 94,8 millones de euros (82,7 millones por el traspaso y 12,1 millones en impuestos), en contra de lo dicho por el expresidente culé, que cifró la operación en 57,1 millones.
El fiscal José Perals solicita al juez Ruz que cierre la investigación para que Rosell sea juzgado por un delito societario y tanto él como el Fútbol Club Barcelona por dos delitos contra la Hacienda Pública que se habrían cometido en los años 2011 y 2013.
Además, demanda la apertura de una nueva pieza separada en la que se investigue al actual presidente del club por el fraude que presuntamente se habría cometido en 2014, que ascendería a 2.845.700 euros por los pagos que se deberían haber hecho en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Fraude de 9,3 millones en 2011 y 2013
De igual modo, la Fiscalía señala que el presunto fraude a las arcas públicas por esta operación ascendería a 2,4 millones en 2011 y a 6,9 millones en 2013 que el Barça habría dejado de pagar en concepto de Renta de los No Residentes (IRNR), cuando el futbolista aún no vivía en España. Por estos ejercicios tendrán que responder Rosell y el Barça como persona jurídica.
Perals destaca que las cifras reales del fichaje «fueron ocultadas por el presidente del club y no se incluyeron en las cuentas anuales de la sociedad, que fueron aprobadas en la Asamblea General celebrada el 5 de octubre de 2013″. Con esta actuación, según apunta, Rosell ocasionó «un perjuicio económico al club» al no incluir en la contabilidad «las cantidades reales de adquisición del jugador» y simular «operaciones que no tenían como base una relación mercantil real».
En su escrito el fiscal detalla que en 2013 Rosell «ideó fragmentar» el pago del fichaje «en diversas partidas con diversos objetos y denominaciones que, sin embargo, tenían una misma causa, el fichaje de Neymar Jr.». Para ello, firmó cuatro contratos con el Santos y siete con el futbolista, con su padre y representante y con sociedades pertenecientes a este.
Rosell llevó a cabo esta operación para asegurarse el fichaje del futbolista, que tenía contrato con el Santos hasta 2014, y adelantar el fichaje a 2013. El expresidente culé había llegado a un acuerdo en 2011 con la empresa del padre de Neymar, propietaria de sus derechos desde 2014, para adquirir la propiedad del futbolista y otro que se denominó «de préstamo» por el que se adelantaba una remuneración al jugador de diez millones de euros. Por este pago debería haber pagado a Hacienda 2,4 millones de euros.
En 2013, «y ante las perspectivas de que Neymar Jr. no asumiera el compromiso pactado», Rosell buscó un acuerdo con el Santos para adquirir sus derechos federativos, lo que tuvo un coste de 17,1 millones de euros. Sin embargo, firmó con el club brasileño otros tres contratos: 7,9 millones por un convenio de colaboración con el fútbol base, 4,5 millones como contrapartida de un partido amistoso que no se ha celebrado y la participación del Santos en el Trofeo Joan Gamper.
Además, Rosell y Bartomeu enviaron una carta el 31 de mayo de 2013 al presidente del Santos en la que se comprometían a abonar otros 2 millones si Neymar era elegido entre los tres finalistas al mejor jugador de la FIFA.
A estos contratos se sumaron otros siete con Neymar y las sociedades de su padre, por los que se rescindieron los dos acuerdos suscritos en 2011 y se añadieron otros cinco: 8,5 millones como contrato de trabajo; 1,5 millones en concepto de imagen, 649.985 euros en gastos de representación y gestión del agente del futbolista (su padre, que se llevó un 5% de todos los contratos); 2 millones por el seguimiento de jugadores (400.000 euros durante cinco años) y 4 millones por labores de «agencia» (contratos de publicidad con empresas brasileñas por el que se abonaron dos pagos de 602.000 y 198.000 euros en 2013).
Podría haber conformidad
La investigación contra Rosell y el Barça podría solventarse a través de una sentencia de conformidad, una vez que los acusados reconozcan los delitos que se les imputan y admitan la pena solicitada por la Fiscalía, lo que evitaría la celebración del juicio oral, según señalaron fuentes fiscales.
El pasado 23 de febrero la Junta Directiva del Barça acordó por unanimidad presentar una declaración complementaria a Hacienda por la que pagaba 13.550.830,56 euros, a fin de «saldar cualquier posible deuda» derivada de esta operación.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 investiga el fichaje de Neymar desde el 22 de enero de 2014, día en el que admitió a trámite una querella presentada por el socio del Barça Jordi Cases contra el entonces presidente de la entidad Sandro Rosell, quien se vio obligado a presentar su dimisión un día después.