El exdirector deportivo del FC Barcelona, Andoni Zubizarreta, ha asegurado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga irregularidades en el fichaje del delantero brasileño Neymar da Silva, que su área se encargó de examinar la posibilidad de traspasarle y que consideró que contar con el delantero era una buena idea, han informado fuentes jurídicas.
No obstante, el que fuera portero del club azulgrana ha vuelto a apuntar al expresidente Sandro Rosell como responsable de la gestión del fichaje. Según ha concretado, la importancia de la operación provocó que el máximo dirigente del Barça en la época se implicara «personalmente».
En su opinión, existían otros factores que facilitaron que fuera Rosell el encargado de liderar la operación ya que desarrollaba una amplia actividad profesional en Brasil, lo que provocaba que conociera el mercado.
De la Mata ha interrogado este martes en calidad de testigos a Zubizarreta y al exdirector general Antoni Rossich, que ha coincidido con la versión ofreciera por el exguardameta. En cuanto al antiguo director del área de fútbol Raúl Sanllehí, los testigos han avalado la declaración prestada por Neymar Da Silva Santos, padre y representante del futbolista, que le señaló como su interlocutor en el conjunto azulgrana cuando declaró en octubre de 2014 en otra de las causas abiertas por ésta operación, en esta ocasión por tres presuntos delitos fiscales en el fichaje del jugador.
Han concretado que éste se trasladó a Brasil en distintas ocasiones y que se ocupó de los pormenores del contrato, que incluía la celebración de un partido amistoso en Brasil y la adquisición de derechos de tanteo sonbre otros tres jugadores del Santos, club de origen de Neymar.
Las declaraciones se han celebrado a petición de la empresa de representación de futbolistas DIS-Esportes e Organizaçao de Eventos, que presentó la querella por delitos de corrupción entre particulares y estafa por simulación de contratos.
La causa se abrió a raíz de la querella presentada por DIS, que poseía el 40 por ciento de los derechos del brasileño cuando éste jugaba en el Santos, y en ella figuran como investigados el propio jugador y sus progenitores, Rosell y el actual presidente del Barça, Josep María Bartomeu, entre otros.
El magistrado escuchó como investigados a principios de febrero al futbolista, a su padre –que aseguró que su hijo no participó en las negociaciones con el club culé–, a Bartomeu, y a Rosell.
De la Mata admitió en junio pasado la querella al entender que el equipo azulgrana pudo adquirir los derechos del futbolista en 2013 «fuera de la normal competencia» y por un valor «inferior al del mercado». Según el juez, la operación, destinada a adelantar la incorporación del futbolista a la temporada 2013-2014, pudo «quebrar la libre competencia en el mercado de fichajes».
En octubre pasado, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, órgano superior al magistrado instructor, avaló la apertura de la investigación en dos autos en los que señalaba que las operaciones urdidas por los querellados tenían «visos de perpetración criminal».
Rosell y Bartomeu firmaron en noviembre de 2011 un contrato con Neymar y la sociedad de su padre, N&N, por el cual el Barça se hacía con sus derechos cuando finalizara su contrato con el Santos, en 2014, con un coste de 40 millones de euros.
El jugador debía rechazar todas las ofertas que recibiera, con una cláusula por incumplimiento para todas las partes de 40 millones. En ese año se firmó, además, un contrato de préstamo de 10 millones que el Barça abonó en diciembre. Entre 2013 y 2014 se abonaron los 30 millones restantes.
El magistrado justificaba la posible comisión de un delito de corrupción entre particulares argumentando que esta operación tuvo la finalidad de adquirir los derechos del futbolista «fuera de la normal competencia con el resto de clubes interesados en su fichaje por valor inferior al del mercado y sin pagar las cuantiosas cifras que otros clubes podrían estar dispuestos a pagar«.
Estas operaciones, según el juez, implicaron «un incumplimiento» de las obligaciones del futbolista que «impactó decidida y decisivamente en la libre competencia y en el mercado de contratación de jugadores». Además, recuerda que, de acuerdo la denominada Ley Pelé de Brasil, «cualquier transferencia de un deportista profesional depende de su consentimiento profesional y expreso».
En relación con el delito de estafa por simulación contractual, el auto de admisión a trámite señalaba que la operación se fraguó al menos con dos contratos que supusieron «una simulación», pues «pretendían disfrazar lo que en realidad era el pago por la transmisión de los derechos federativos con otros conceptos que no obedecían a la realidad».
El primer contrato «simulado» habría consistido en el pago de 7,9 millones de euros por un convenio de colaboración en materia de fútbol base que habría permitido la adquisición por parte del Barça de los jugadores Víctor Andrade Santos (por el que pagó 3,2 millones), Givanildo Pulgas Da Silva (1,8 millones) y Gabriel Barbosa Almeida (2,9 millones).
El segundo contemplaba la celebración de un partido amistoso en Brasil con Neymar como jugador del Barça, que de no celebrarse, como así ha sido hasta la fecha, suponía un pago de 4,5 millones al Santos.
El juez explicaba que estos dos acuerdos se firmaron «prácticamente en la misma fecha que la transferencia de los derechos federativos», y que presuntamente supondrían «una simulación contractual dirigida a perjudicar a DIS», que debería haber recibido «un porcentaje» de los mismos.
De la Mata, que abrió el pasado 13 de mayo juicio oral por el fraude fiscal cometido en el fichaje de Neymar, cifró el coste del traspaso en 83,3 millones de euros, en contra de lo defendido por Rosell, que aseguró que la operación se hizo por 57,1 millones. La Fiscalía elevó el coste del traspaso a 94,8 millones de euros.