Es el último intento por, al menos, neutralizar la posibilidad de una “respuesta contundente” por parte de los sindicatos. Representantes del Ministerio de Trabajo se reúnen, por separado, con empresarios y trabajadores, con la consigna, llegada desde Moncloa, de que “se pueden introducir cambios de última hora” gracias a las aportaciones de ambas partes.
En síntesis, cabe la posibilidad de que Trabajo recoja algunas propuestas empresariales y sindicales y, de aquí al miércoles, las introduzca en el texto que debe aprobar el Consejo de Ministros. Al menos para que los sindicatos rebajen el tono de la protesta que se avecina. Sólo de esta manera se puede entender la frase de Zapatero, de este jueves, en el sentido de que “el Gobierno quiere reducir el coste del despido sin que los trabajadores pierdan derechos”.
En cualquier caso, la propuesta del Gobierno incluye elementos muy inquietantes para los agentes sociales. Y no sólo en materia de despido, sino incluso en lo que se refiere a las condiciones laborales en empresas en crisis.
Lo dicen los portavoces sindicales. “Ya no se trata de abaratar el despido, sino de que se introducen elementos como la posibilidad de desvincularse de los convenios sectoriales en caso de que la empresa entre en pérdidas”, lo que desvirtuaría, según las centrales mayoritarias, “el espíritu de la negociación colectiva” y endurecería las relaciones laborales.
Hay que tener en cuenta, en este sentido, que apenas se han pactado un centenar de convenios nuevos de los más de 1.500 que se tienen que negociar a lo largo del año. Por lo que, con huelga general o sin huelga general, el nuevo escenario hace prever una conflictividad social de enorme magnitud. En palabras de los portavoces sindicales, “se avecina un otoño caliente. Y esta vez de verdad”.
El decreto introduce novedades importantes en materia de jornada laboral. Se elimina la posibilidad de hacer “horas extras” retribuidas y se flexibiliza al máximo el cómputo, de tal manera que el empresario puede obligar al trabajador “a cambiar turno” por “necesidades del servicio” sin contrapartida alguna. Asimismo se liberalizan las movilidades geográfica y funcional hasta el punto de eliminar la prohibición de trasladar al trabajador más allá de los 40 kilómetros de su habitual centro de trabajo, también “por necesidades de producción”, tal y como figura en la legislación vigente.
El decreto propone la posibilidad de reducción salarial en el sector privado, tal y como se está haciendo en el público, “siempre y cuando una medida semejante vaya acompañada de una garantía de mantenimiento de puestos de trabajo”.
El resto de los puntos más controvertidos son de sobra conocidos. El Gobierno se muestra ambiguo a la hora de “desjudicializar el despido por causas económicas”, de tal manera que un juez no podrá rechazar un despido por dichas causas, con una indemnización de 20 días por año trabajado, y no 45 días. El Ejecutivo mantiene el principio de que esta limitación a las sentencias judiciales de Lo Social se hará “a las empresas que tengas pérdidas y que éstas queden justificadas”, sin añadir más detalles tal y como proponen CEOE y CEPYME, lo que, a juicio de las patronales, “puede dar lugar a que los jueces sigan interpretando de manera discrecional los despidos por causas objetivas”.
Se mantiene el endurecimiento de los contratos temporales. Se limita a dos años la duración de los contratos de obra y servicio, se incrementa la indemnización por finalización del contrato eventual que pasa de 8 a 12 días, aunque la Administración, a través del Fondo de Garantía Salarial se hará cargo de 8 de esos días, es decir, de una buena parte de dicha indemnización, y se amplía el uso de los contratos de fomento del empleo indefinido, los que tienen una indemnización de 33 días por año trabajado.
Algunos de estos puntos pueden verse modificados tras el “intercambio de papeles” de este viernes, que no negociaciones como dejan claro en Trabajo. Ya no hay otra posibilidad que introducir algunas modificaciones a través de las aportaciones de los representantes empresariales y sindicales. Por lo demás, los mecanismos para negociar el texto con los partidos políticos ya está en marcha en búsqueda del consenso parlamentario lo más amplio posible.