El secretario de Acción Sindical de UGT, Tony Ferrer, aseguró hoy que la huelga general está «cerca» y que los órganos de dirección de UGT y CCOO tomarán mañana una decisión definitiva sobre esta convocatoria. En unas declaraciones a la prensa, Ferrer dijo que el documento de reforma laboral que el Gobierno pretende aprobar este miércoles mediante un decreto ley «sí produce lesión de derechos a los trabajadores» y contiene varias medidas con «riesgo cierto de inconstitucionalidad».
Así lo estimó tras la reunión del Consejo Confederal de UGT, que hoy analizó con detalle el texto de 41 páginas de reforma laboral planteada por el Ejecutivo y que «en absoluto es equilibrado, ya que «está inclinado hacia los intereses empresariales».
Lo que está claro es que UGT y CCOO quieren asegurarse el éxito de una eventual convocatoria. «Nuestro compromiso es que sea masiva y para eso hay que trabajar en los centros de trabajo, apuntó Ferrer antes de precisar: «Vamos a hacer un proceso ascendente de movilización, de vinculación con los trabajadores».
«También estamos observando que lo que se pretende es que el sindicalismo tenga un fracaso para abrir otras vías de imposición de reforma hacia la negociación colectiva y las pensiones, apostilló.
Por otro lado, Ferrer insistió en la valoración de la reforma laboral del Gobierno expresada por los sindicatos el pasado viernes y ahondó en tres aspectos que, a su juicio, «rayan la inconstitucionalidad». No obstante, matizó que el sindicato sólo tiene en su poder las propuestas del Ejecutivo, no el decreto definitivo, que le será remitido una vez lo apruebe el Consejo de Ministros.
En primer lugar, el secretario de Acción Sindical de UGT afirmó que, según el documento, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) «sólo protegerá a los trabajadores con contrato de fomento de la contratación indefinida, excluyendo a aquellos que tengan un contrato ordinario, lo que vulnera el principio constitucional de igualdad.
En segundo lugar, aseguró que el texto «rompe la fuerza vinculante de los convenios colectivos, otro precepto constitucional, y abre una vía para aumentar el poder discrecional de los empresarios. Por último, Ferrer indicó que la reforma «impone el arbitraje obligatorio» en conflictos sobre modificaciones en las condiciones de trabajo, sólo previsto si está pactado en convenio, lo que también iría en contra de la Carta Magna.
Así pues, desde UGT se considera que las medidas planteadas por el Gobierno van a producir una mayor dualidad en el mercado de trabajo y presentan «riesgo cierto de inconstitucionalidad».