Los sindicatos CCOO y CGT anunciaron este jueves la convocatoria de una huelga de 24 horas en Renfe a partir de las doce de la noche, así como una concentración el viernes al mediodía en la estación Madrid-Atocha, para protestar por el acuerdo de Desarrollo Profesional que han firmado UGT y SEMAF. La huelga, a la que están llamados 14.000 trabajadores de Renfe, finalizará este viernes a las doce de la noche.
En una rueda de prensa, representantes de CCOO y CGT explicaron que el acuerdo de Desarrollo Profesional, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, además de «aumentar las funciones de los trabajadores, propone una movilidad geográfica «a la carta» y supone «la desaparición de la carrera profesional».
«Es una reforma laboral encubierta ya que se distribuye de forma irregular la jornada y se efectúan cambios en el sistema de cobro y en las funciones, insistió el secretario general de CCOO ferroviarios, Juan Carlos Cáceres Díez.
Afirmó que CCOO y CGT pretenden que la empresa se siente con todas las organizaciones sindicales del comité general a discutir un nuevo acuerdo que «garantice el futuro de la compañía y de los puestos de trabajo».
Insistió en que el acuerdo que se firmó el 29 de marzo se produjo sin tener en cuenta a «una parte importante de los trabajadores» e indicó que UGT y SEMAF «no llegan a representar el 50%» de la plantilla.
Tanto CCOO como CGT criticaron al ministro de Fomento, José Blanco, quien ya ha anunciado la supresión de algunas líneas de ferrocarril que no tengan suficientes viajeros para ser rentables.
En particular, el secretario general de la rama ferroviaria de la CGT, José Manuel Muñoz Póliz, subrayó que «quitar líneas es perder puestos de trabajo» y señaló que desde el 30 de marzo, cuando se firmó el acuerdo, «las cosas han empeorado».
Cáceres Díez dijo que CCOO y CGT abogan por mantener «una empresa integrada» y «no fraccionarla, sostuvo que «el mantenimiento del servicio debe seguir siendo realizado por el personal de Renfe» y añadió que no entiende por qué la empresa busca desprenderse del área comercial, que es «uno de los valores añadidos».
También cuestionó que el Gobierno justifique las reformas que impulsa en la necesidad de volver rentable la empresa y subrayó que el objetivo de los servicios públicos no debe ser la ganancia económica, porque si no «también deberían ser rentables la educación y la salud».