La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció hoy que el Ejecutivo reducirá del 8% al 5% el máximo de vacantes que se cubrirán en la Administración General del Estado con el fin de controlar el gasto y evitar desviaciones al alza en los salarios de los empleados públicos.
Así lo aseguró durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, donde aseguró que la reducción del sueldo de los empleados públicos en una media del 5% en 2010 servirá también para «garantizar la viabilidad del sistema de protección social».
De la Vega puntualizó que es un ajuste «provisional y temporal» de los salarios de la función pública en un momento de dificultades «excepcionales» y recordó que estas medidas para reducir el déficit público son «análogas» a las que están tomando otros países comunitarios, como Francia, Irlanda, Alemania, Reino Unido o Italia.
La vicepresidenta insistió en que esta reducción de las retribuciones en la Función Pública y de su congelación en el 2011 está «avalada» por el Estatuto Básico del Empleado Público.
Dijo que esta norma prevé la posibilidad de suspender o modificar pactos «excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración de las circunstancias económicas, al tiempo que insistió en que el resto de puntos del Acuerdo de la Función Pública firmado el 25 de septiembre «siguen vigentes».
En este sentido, desveló que el próximo Consejo de Ministros aprobará el Observatorio del Empleo Público para hacer un diagnóstico en profundidad de la situación del empleo en la Administración de Estado con el fin de mejorar su «rendimiento» y su «eficacia».
Este mismo viernes, el Ejecutivo también aprobará la reducción en el porcentaje de vacantes que pueden tener los departamentos y organismos de la Administración General del Estado.
«Mantenemos y reforzamos, por tanto, la austeridad, aseveró, tras añadir que el Gobierno presentará en el próximo período de sesiones la Ley de Función Pública, cuyo fin es «incentivar el trabajo productivo y eliminar desigualdades y rigideces retributivas».
Durante su intervención, De la Vega dijo que es «muy consciente» de que actualmente el sector público mantiene «diferencias» con el Gobierno sobre las medidas que ha adoptado, pero confió en que «la gran mayoría» de los trabajadores de la Función Pública «comprende» el momento «especialmente difícil que ha tocado vivir».
Recordó que veintidós países de la UE, la mayoría gobernados por partidos conservadores, tienen abierto expediente por déficit excesivo, por lo que «hablamos de problemas compartidos y también de soluciones compartidas».
Dijo que España «pasa momentos difíciles que exigen decisiones también difíciles, pero que «este Gobierno ha estado a las maduras y ha demostrado que sabe estar a las duras, tomando decisiones impopulares».