La Justicia europea declaró este jueves ilegales los derechos especiales que Portugal mantiene sobre la compañía de telefonía Portugal Telecom (PT), más conocidos como «la acción de oro», y que fueron utilizados la semana pasada para vetar la venta del 30% de la brasileña Vivo a la española Telefónica. La decisión del Tribunal de Justicia de la UE allana el camino al intento de adquisición por parte de Telefónica, que ha ampliado hasta el 16 de julio el plazo para que PT acepte su oferta por 7.150 millones de euros (más de 8.790 millones de dólares), con la esperanza de que los accionistas puedan aprobar la venta en ese plazo tras el fallo del tribunal.
Mediante su sentencia, «el Tribunal de Justicia declara que Portugal ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales al mantener en Portugal Telecom derechos especiales atribuidos en relación con ‘golden shares’«, según dice el comunicado enviado por la corte, tras la lectura de la sentencia.
El texto explica que «un número considerable de decisiones importantes relativas a PT depende del consentimiento del Estado portugués», lo que constituye una «influencia sobre la gestión de PT que no está justificada por la magnitud de la participación que mantiene (el Gobierno) y que puede disuadir a los operadores de otros estados miembros de efectuar inversiones directas».
Concretamente, el tribunal ha valorado que «una eventual negativa por parte del estado a aprobar una decisión importante para la sociedad puede pesar sobre el valor de sus acciones y, por lo tanto, disuadir a los accionistas de invertir».
Además, el tribunal destaca que los privilegios que el Estado portugués mantiene sobre la compañía de telecomunicaciones sólo podrían reducirse «si el propio Estado lo consintiera», dado que «una modificación de los estatutos no puede adoptarse sin la mayoría de los votos correspondientes a las acciones privilegiadas».
Por otro lado, la sentencia ha desechado las razones de interés público esgrimidas por Portugal para mantener los derechos especiales sobre PT.
El tribunal considera que «el objetivo de garantizar la seguridad de la disponibilidad de la red de telecomunicaciones en caso de crisis, guerra o terrorismo» podría «justificar un obstáculo a la libre circulación de capitales», pero lo descarta para este caso por considerar que debe existir una amenaza real que Portugal no ha justificado durante el proceso.
«El Tribunal de Justicia declara que el ejercicio de los derechos especiales del Estado no está sujeto a condición o circunstancia específica y objetiva alguna», zanja el texto.
La Comisión Europea (CE) fue la que llevó a Portugal ante la Justicia europea en 2008, tres años después de abrir un expediente al estado luso por los privilegios que mantiene sobre el antiguo conglomerado de telecomunicaciones estatal.
Entre los privilegios que Bruselas no acepta figuran la potestad de nombrar a la tercera parte de los miembros del consejo de administración, así como el derecho de veto en la elección de los directores y del consejo auditor y otras decisiones corporativas de calado, como las ventas de paquetes de acciones a competidores.
Estos fueron los privilegios que el Ejecutivo luso empleó para vetar el pasado 30 de junio la venta de la participación de PT en Vivo, líder de la telefonía móvil en Brasil, por 7.150 millones de euros (que supone casi el valor de PT en Bolsa), pese a haber sido aprobada por el 74% de los accionistas.
Ayer, el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, aseguró que garantizará la aplicación de la sentencia de la Justicia europea, y la portavoz comunitaria de Mercado Interior y Servicios Financieros, Chantal Hugues, explicó que la decisión judicial debería ser respetada «inmediatamente».
Sin embargo, en el caso de que Portugal se resistiera a perder sus derechos sobre PT, el Ejecutivo comunitario podría emprender un segundo procedimiento de infracción «con relativa rapidez», que sin embargo podría acarrear una demora de meses para los intereses de Telefónica.
Una segunda posibilidad para la compañía española sería la de acudir a la Justicia local portuguesa, donde se vería respaldada por la sentencia del Tribunal de la UE.