La mayoría de las comunidades autónomas -nueve lo han hecho expresamente- se han pronunciado a favor de aplazar la deuda que tienen con la Administración central, tras la liquidación de las cuentas de la financiación autonómica de 2009, por las que deberán abonar casi 5.503 millones de euros en total.
Según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, las autonomías de régimen común -todas salvo el País Vasco y Navarra- deberán abonar esa cantidad en los próximos cinco años, salvo Madrid, única comunidad con saldo positivo y que recibirá del Gobierno más de 15 millones de euros.
La posibilidad de que el saldo de 2008 fuera negativo ya está contemplada en el nuevo sistema de financiación autonómica, que establece un año de moratoria para el pago, 2010, y cinco años para pagar. Ante esta situación, La Rioja, Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Andalucía, Castilla y León y Galicia han pedido abiertamente una demora en el pago, mientras que Cantabria y Cataluña se inclinan por pagar y Asturias, Aragón y Baleares no tienen definida su posición, según han manifestado a Efe portavoces de sus Ejecutivos.
La Generalitat de Cataluña no se plantea pedir un aplazamiento del pago de los 690 millones que le corresponde y se atendrá al calendario previsto. En similares términos se expresó el consejero de Economía y Hacienda de Cantabria, Ángel Agudo, dispuesto a pagar los 125 millones que debe devolver, quien ha recordado que el asunto ya estaba discutido y previsto en el nuevo modelo de financiación.
Más ambiguo se muestra el Gobierno de Aragón, quien reconoce que las leyes están para cumplirlas, aunque si se decidiera ampliar el plazo de devolución «bienvenido sea, mientras que el consejero de Economía y Hacienda de Asturias, Jaime Rabanal, dice que hará frente al pago, pero que «estarían encantados» con la otra opción.
Su homólogo balear, Carles Manera, opina que, si desde el Gobierno central se plantea el aplazamiento, «sería favorable» para su comunidad, que, al igual que el resto, tiene dificultades presupuestarias. Por el contrario, son varios los presidentes autonómicos que se arrogan el abanderar la petición de aplazamiento o de alargar los plazos de devolución, principalmente, el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.
Núñez Feijóo aprovecha la visita de cada presidente autonómico a Santiago con motivo del Xacobeo, sobre todo los del PP, para que se sumen a esta reivindicación y hasta ahora lo han hecho Camps y el de Canarias, Paulino Rivero. Camps considera que el plazo para liquidar puede poner en riesgo al conjunto de las autonomías durante los próximos años, porque les obligará a recortar gastos en políticas necesarias para salir de la crisis.
La viceconsejera de Hacienda de Canarias, Rosa Rodríguez, cree que la ausencia de prórroga será «un palo» para las islas y su recuperación económica. El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, dice que la moratoria contribuiría a mantener las inversiones para salir de la crisis y a prestar servicios de calidad, mientras que su cobro a partir de 2011 pone en riesgo la estabilidad financiera de las comunidades.
El Gobierno de Extremadura cree que una prórroga más allá de los cinco años previstos sería «una fórmula idónea» y descarta cambiar las prioridades en las políticas públicas. La Junta de Andalucía contempla en sus planes de ajuste «la variable» de afrontar la devolución de los 1.475 millones de euros, una vez que el Gobierno no acepta ampliar el plazo.
La vicepresidenta de Castilla-La Mancha, María Luisa Araújo, afirma que devolver los 265 millones que deben es asumible, si bien se suma a la petición de aplazamiento. La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, también pide una demora y espera una respuesta del Gobierno a su petición de poder endeudarse para poder financiar esa devolución, mientras que la de Murcia, Inmaculada García, recuerda que ya pidió esa moratoria del pago.
En cuanto a la posibilidad de conseguir ese dinero extra a través de una subida o de nuevos impuestos, ningún Ejecutivo lo asume, si bien desde Aragón el consejero de Economía, Alberto Larraz, reconoce que «podría estar bien» recuperar algunos o subirlos a las rentas más altas. La consejera de Economía de Extremadura, María Dolores Aguilar, aprecia que habrá que hacer «encaje de bolillos» en los próximos Presupuestos y añade que «aún no está decidido» de donde saldrá el dinero que tienen que devolver.