CCOO y UGT reclamaron este martes a los grupos políticos que reconduzcan una reforma laboral que se está endureciendo en su trámite parlamentario, mientras en el Senado el PSOE busca apoyos para limitar a 30 días el plazo máximo para que los parados rechacen ofertas de formación sin perder la prestación.
En la reunión de la ponencia encargada de dictaminar el proyecto de ley de la reforma laboral, el PSOE presentó al resto de grupos una enmienda transaccional por la que se rebaja de 100 a 30 días el tiempo durante el cual no serán sancionados los desempleados que rehúsen participar «en acciones de mejora de la ocupabilidad».
La enmienda no hace referencia a las ofertas de empleo, cuyo rechazo es objeto de sanción desde la primera negativa y sin que medie un periodo de carencia, como recordaron fuentes del Ministerio de Trabajo.
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, cree que tras esta enmienda «se intuye» que el Gobierno está buscado «alguna fórmula de maquillar las cifras del paro» y criticó que se trate de criminalizar a los desempleados, que nunca lo son por voluntad.
En el mismo sentido, los secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, aseguraron que se profundiza en el recorte de los derechos de los trabajadores.
La postura de los sindicatos fue rechazada por la senadora socialista Carmela Silva, quien «no admite» que se acuse al PSOE de criminalizar al parado cuando lo que trata de hacer es dotar de mayor eficacia la reinserción en el mercado laboral.
La citada enmienda previsiblemente saldrá mañana adelante con el apoyo de CiU en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, que también votará las propuestas de veto de ERC e ICV y las 289 enmiendas presentadas por todos los grupos al proyecto de ley, después de que la ponencia no haya incluido este martes ningún cambio en el texto.
Los sindicatos aplaudieron el veto de los grupos de izquierdas y aseguraron que ahora hay más razones para ir a la huelga general del 29 de septiembre, ya que «el ataque a los parados» se suma a las facilidades para despedir introducidas en el Congreso, asunto sobre el que previsiblemente no habrá cambios en el Senado.
Por su parte, Toxo calificó al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, como «un gran propagandista de la huelga general» y el «mayor activo» de los sindicatos, porque «cada vez que habla crece el rechazo a las medidas del Gobierno».
Además, cree que en esta tramitación se está desarrollando otra partida en paralelo «que se juega con un cuadro de aritmética parlamentaria» y que tiene «un siguiente acto» que son los Presupuestos Generales del Estado».
Junto con la limitación del periodo para que los parados puedan evitar cursos de formación sin perder el subsidio por desempleo, los socialistas esperan sacar adelante otras de sus enmiendas por lo que «siguen abiertos al diálogo, según la senadora Silva.
Entre esas enmiendas, destacó por su «profundo carácter social» la que obliga a pagar en dinero a las trabajadoras del hogar el salario mínimo interprofesional (633 euros) o la que compromete una revisión en el plazo de un año de las condiciones laborales de los discapacitados.
También hizo hincapié en la que permitirá alargar los contratos de obra y servicio durante más de tres años para los proyectos de investigación, una reclamación del ámbito universitario y científico, dijo.
Asimismo, criticó la actitud del PP, al que acusó de no haber aportado «nada de nada» a la tramitación en el Senado de la reforma laboral, al haber presentado 79 enmiendas «sin contenido y que sólo añaden mejoras técnicas».
Le respondieron las senadoras populares Araceli Peris y Dorinda García que insistieron en que la reforma laboral del Gobierno socialista es la reforma del despido.
El PP también busca apoyos -ya tiene el respaldo de CiU, pero es insuficiente- para aprobar una enmienda que recupere la prestación de 425 euros durante seis meses para los autónomos que se queden en paro, medida que fue suprimida por el grupo socialista en el trámite de la reforma laboral en el Congreso.