La subida de la tarifa de la luz para 20 millones de usuarios, que empezará a verse reflejada en los recibos a partir de este viernes, no ha dejado satisfecho a nadie. Las eléctricas la han considerado insuficiente, los consumidores excesiva y la oposición ha esgrimido que impide el deseado Pacto de Estado sobre la Energía. Incluso la CNE, el organismo que controla el mercado energético pero que sólo actúa como órgano consultivo para algunos aspectos normativos, ha criticado el sistema para conformar el precio “por ser inflacionista”.
Pero, ¿tiene que subir en plena crisis?, ¿por qué no se puede congelar el aumento, como ocurrió en verano? La razón se llama déficit de tarifa, un problema embalsado que aumenta de forma inexorable mes a mes y amenaza con alcanzar la nada desdeñable cifra de 20.000 millones de euros al cierre de este ejercicio. Y esa cifra, se la debe el Estado, es decir, todos los españoles, a las eléctricas.
El déficit empezó a generarse en 1997. El Ejecutivo de aquella época, pilotado por el PP, para controlar la inflación, llegó a un acuerdo con las compañías para no subir precios, incluso bajarlos en más de una ocasión. A consecuencia de aquél acuerdo, la tarifa eléctrica no refleja todos los costes que incurren en el suministro. El Gobierno, ya en la última etapa socialista, se ha comprometido a que el déficit desaparezca en 2013, pero se han ido incumpliendo todas las previsiones.
Según las grandes compañías, agrupadas en la patronal Unesa, el déficit, sólo este año, puede rondar los 5.000 millones de euros, cuando el propósito era que acabara en 3.000 millones. Los últimos datos señalan que la diferencia entre los ingresos y los costes superaba los 2.500 millones hasta julio.
El déficit se ha disparado, entre otras cosas, porque en junio el Gobierno decidió no aplicar la subida reduciendo un 3% las tarifas de acceso (el coste de poner la energía en la red para que llegue a los hogares), ya que no podía tocar las subastas de energía, donde se marca el otro componente del precio. Así, peajes (tarifas de acceso) y subasta componen, casi al 50%, el importe de la tarifa.
La semana pasada, como se preveía que los precios de la energía no iban a subir en exceso, Miguel Sebastián anunció que el precio de las tarifas de acceso no iba a tocarse, y que quedaban congeladas. Aquí hay que añadir que, en esos peajes, se incluyen todas las subvenciones a las energías renovables y la nueva ayuda para el carbón autóctono. La sorpresa fue que en la subasta del día 21, denominada Cesur, el precio aumentó un 11%. Como ponderan casi la mitad, la subida de la tarifa de la luz, una vez ajustada, quedó de media en el 4,8%. O sea, que este año, la subida acumulada para el grueso de los consumidores domésticos, será de casi el 10%, porque al 2,6% de la subida de enero hay que añadir el aumento del IVA en julio y la de ahora. Pero no se conseguirá mitigar el déficit, sino aumentarlo.
Uno se pregunta cómo es posible haber errado tanto en los cálculos. Las ganas de llegar a un acuerdo con las eléctricas, la necesidad de encontrar algún punto de encuentro con la oposición y el deseo de potenciar las energías renovables protegiendo al tiempo el carbón nacional, son los ingredientes que se han mezclado para dar lugar a la actual situación, que no tiene visos de mejorar.
Para complicar el panorama, es a través de la emisión de deuda avalada por el Estado como se pretende que las eléctricas puedan hacer uso de los más de 17.600 millones que les adeuda el Gobierno. La colocación se llevará a cabo este mismo mes, con un primer tramo de unos 3.000 millones de euros, pero los mercados de deuda están muy volátiles en las últimas semanas y eléctricas y Economía cruzan los dedos para que se realice con éxito.