George Osborne, ministro de Finanzas de Reino Unido, anunció este miércoles los planes del Gobierno para reducir el déficit público que se llevarán a cabo con recortes de unos 94.000 millones de euros (83.000 millones de libras esterlinas), un 57.2% del PIB británico.
Las polémicas medidas del Chancellor Osborne empezaron mal cuando, hace unos días, la BBC publicaba una fotografía del secretario jefe del Tesoro, Danny Alexander, quien desvelaba un documento por el cual el Gobierno aceptaba la pérdida de casi medio millón de puestos en la administración pública en el periodo 2014-2015, y, sin embargo, otorgaba 3.200 millones de euros para combatir el cambio climático. Por otra parte, se barajaba que el presupuesto de Defensa sufriría recortes de hasta el 20% que, tras sucumbir a la presión de EEUU respecto a su peso como aliado internacional, se quedarán en un 8%.
Además de esta poda laboral, las medidas económicas, las más grandes y de profundo arraigo en el país desde el final de la segunda guerra mundial, recortarán el presupuesto de la asistencia social, la financiación universitaria, la policía y la vivienda pública.
Igualmente, el Gobierno de coalición torie-liberal demócrata anunciará que la edad de jubilación se atrasará en 2016 hasta los 66 años, diez años antes de lo anunciado previamente, una medida que ahorrará miles de millones de libras a medio plazo a las cuentas públicas.
El Gobierno no descarta retrasar la jubilación hasta los 68 para el 2038, ocho años antes de lo previsto anteriormente.
Gasto social y vivienda
Para muchos, la reforma más radical será la que encarará la vivienda social. Aquellas familias que están en lista de espera para obtener una vivienda cuyo alquiler siempre ha estado por debajo del mercado y cuya titularidad era vitalicia, tendrán que conformarse con una titularidad a corto plazo y un alquiler que tendrán que cubrir con sus salarios hasta un 80% de lo que pide el mercado, muy por encima de lo que se ha pagado hasta ahora.
Se espera que esta medida libere más plazas de vivienda social, una institución en el país desde principios del siglo XX, y ahorre hasta 4.540 millones de euros dentro del presupuesto de vivienda.
También se esperan cortes a los presupuestos escolares destinados al deporte y se suprimirá la red de escuelas de especialistas, diseñada para mejorar la enseñanza en el país.
Para aquellas familias que ganan entre 20.000 y 30.000 libras al año (22.000 y 34.000 euros), se han acotado las ayudas estatales por hijos. Los transportes públicos también se verán afectados en su financiación ya que sus tarifas subirán un 30% en los próximos cuatro años.
Otros departamentos gubernamentales como el Ministerio de Justicia -que perderá uno 14.000 puestos de trabajo dentro de las filas de oficiales de prisión y trabajadores sociales principlamente-, y los departamentos de Comunidades, Gobierno Municipal y Cultura, verán sus cuentas reducidas hasta un 30%, mientras que el departamento de Prisiones y la asistencia legal de oficio tendrán también recortes multimillonarios. La Policía espera reducciónes de hasta un 16% en su presupuesto, lo que supone un ahorro de 2.200 millones de euros.
La casa de la Reina verá su millonario presupuesto un 14% mientras que la Foreign Office (Ministerio de Asuntos Exteriores) sufrirá recortes del 24%.
Por otra parte, los subsidios a la enseñanza universitaria -hasta ahora los estudiantes sólo debían pagar gastos y matrículas hasta 3.500 euros al año-, serán liquidados.
Televisión pública
Respecto a la financiación de la televisión pública, el Tesoro negoció durante varias semanas con la BBC para que el ente asumiera el coste de la licencia de televisión obligatoria (la TV Licence), que para los mayores de 75 años es gratuita, lo que ahorraría al fisco público unos 631 millones de euros al año al dejar de ser el Estado el que la cubre gratuitamente. Cameron había prometido en campaña que protegería la ‘TV Licence‘ gratuita de los jubilados.
La BBC también tendrá que pagar por la implantación de la banda ancha y la radio digital y aceptar que se congele durante seis años el coste de la licencia -actualmente 165 euros anuales-, hasta el 2016-2017. El coste total de la medida ahorrará al Estado 386 millones de euros en el periodo 2014-2015.