¿Se acuerda de la película Erin Brokowich?: Una abogada (Julia Roberts) se encarga de aglutinar a cientos de residentes de una pequeña ciudad que, al parecer, están enfermando por los vertidos de la principal industria energética local, gana el pleito y consigue una indemnización multimillonaria para los afectados a través de un acuerdo extrajudicial. Eso constituye una class action, o demanda colectiva, que permite agrupar en un único procedimiento y ante un único organismo una reclamación. Pues bien, eso es lo que el comisario de Competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, quiere que se pueda poner en práctica en Europa pero evitando los excesos norteamericanos.
«Se calcula que sólo los perjuicios no compensados por infracciones del Derecho europeo de la competencia ascienden a más de 20.000 millones de euros al año», dice Almunia. La cifra es enorme, y sólo referida a temas de abusos de posición dominante o acuerdos de precios de las empresas. Lo que el comisario pretende es que, además de las compañías, los consumidores europeos que se vean perjudicados por actuaciones lesivas de empresas, puedan reclamar de forma colectiva daños y perjuicios. Se trataría de casos en los que el perjuicio económico global es grande, pero donde el daño sufrido por cada víctima es demasiado pequeño para justificar demandas individuales y separadas.
Por ello, la Comisión quiere que la legislación que se elabore no lleve a los excesos de litigiosidad que conocemos de la cultura estadounidense. El tema es muy delicado. De hecho, la anterior comisaria de Competencia, Neelie Kroes, había dejado listo para ser aprobado un proyecto de directiva en ese sentido, pero el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, lo bloqueó en el último momento ante el temor de la industria europea a encontrarse con una avalancha de reclamaciones al más puro estilo americano y en plena crisis.
Por eso, lo que propone Almunia es abrir una consulta, que iniciará oficialmente en noviembre, para que todas las partes interesadas sean consultadas antes de elaborar una propuesta. La novedad respecto a lo que se preparaba anteriormente es que no sólo se podrá reclamar en casos de competencia, sino también los que afecten a o tros derechos de los consumidores y al medio ambiente.
En apoyo de una directiva en este sentido están las principales organizaciones de consumidores, mientras que muchos representantes de la industria temen el riesgo de la avalancha de casos y, desde el punto de vista político, hay opiniones para todos los gustos. Pero lo que está claro es que si alguien tiene derecho a percibir una indemnización por un daño demostrado y no puede reclamar porque es muy costoso, está siendo privado de ese derecho, y eso debe solucionarse. Como dice Almunia, «los derechos que no se pueden ejercer, carecen de valor».
Sin embargo sabe que el riesgo es muy grande y busca el mayor consenso. Se prevé contar con un enfoque común y un marco jurídico general para el recurso colectivo en la Unión Europea en primavera y esperan que haya una propuesta de directiva en la segunda mitad de 2011 sobre reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas de la UE de defensa de la Competencia. A ver si esta vez hay más suerte.