El ministro de Industria, Miguel Sebastián, tiene tantos frentes abiertos, que no da abasto para atenderlos. En el campo energético se centran algunos de los más importantes. Si el conflicto del carbón sigue abierto, ahora son las renovables las que quitan el sueño al ministro. No es para menos. La apuesta española por este tipo de energía ha sido clara, pero la factura que está suponiendo es muy elevada y difícil de mantener en tiempo de crisis y recortes.
Según los últimos datos publicados, las energías renovables recibieron en los nueve primeros meses del año 5.488 millones de euros en primas, es decir, en ayudas a la producción de energía. Según la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el organismo que se encarga de la vigilancia del sector, para el conjunto del año, serán 6.787 millones los entregados a los productores de este tipo de energía, un 15% más de lo previsto y un 9% por encima de lo pagado en 2009.
Todos estos incentivos se cargan en la tarifa eléctrica y por ello el Gobierno los está revisando y trabaja en una nueva regulación que recoja un recorte de esas subvenciones. «Lo que excede de lo previsto por la CNE, pasa a engrosar el déficit de tarifa», explican desde la patronal del sector, Unesa. Ese déficit es todo lo que no está incluido en los recibos de la luz y que se convierte en una deuda del Estado con las compañías eléctricas. Esa deuda asciende en estos momentos a casi 19.000 millones de euros.
El Gobierno trabaja desde hace meses en una modificación de la retribución de las renovables para reducir esa factura. Esgrime que ahora es más barato producir esa energía porque la tecnología ha aminorado los costes y también quiere poner coto a los excesos (fraude en muchos casos) que se han vivido en el sector, fundamentalmente entre los productores fotovoltaicos, los que generan energía a través de las placas solares. Éstos, sin embargo, dicen que «las reglas del juego no se pueden cambiar durante el partido», y amenazan con llevar la norma, que podría ser aprobada este viernes, a los tribunales.
Actualmente, el kilovatio que recibe más ayudas es el fotovoltaico, 41,3 céntimos, seguido del termoeléctrico, de 26,7 céntimos. La biomasa y el tratamiento de residuos rondan los 7 céntimos, frente a los 4, 8 céntimos de la cogeneración y los 4 de eólica e hidráulica. Las energías de régimen especial, es decir, las que reciben subvenciones, cubrieron durante el mes de septiembre el 27,6% de la demanda de electricidad, gracias fundamentalmente a la eólica, que aportó el 12,4% del total, por delante del 6,4% de la cogeneración y del 3% de la fotovoltaica. Es decir, la energía que procede de las placas solares es la que tiene más subvenciones aunque es la que menos electricidad genera en el sistema.
Según cifras de Unesa, de cada 100 euros de tarifa eléctrica que pagan los consumidores, 22,5 euros se destinan a las primas al régimen especial, formado en su mayor parte por las energías renovables.
Los cambios normativos que prepara el Gobierno para acotar las ayudas se materializarán, previsiblemente, en dos decretos y varias órdenes ministeriales. El primer decreto modificará la regulación del sector fotovoltaico. Está pendiente del dictamen del Consejo de Estado, que no es vinculante, y tiene a todos los productores, agrupados en distintas asociaciones, en contra. El segundo decreto afecta a los eólicos y termosolares. Estos llegaron en julio a un acuerdo con el Gobierno para limitar de forma temporal las primas, aunque su regulación va con más retraso. En líneas generales supone bajar un 35% los actuales incentivos para la cuarta parte de los parques eólicos en funcionamiento y retrasar la entrada en funcionamiento de nuevas plantas termosolares.
En el caso de la fotovoltaica, el Gobierno pretende reducir hasta un 45% las ayudas, según donde estén instaladas las placas solares.
El objetivo sería reducir costes en torno a los mil millones, pero los estudios discrepan del impacto real de los recortes. Lo que está claro es que, «cuanto más se retrasen las medidas, más se incrementará el déficit y más afectadas se verán las inversiones», señalan desde la Asociación Eólica.
Para compensar, la industria renovable está intentando reeditar el debate sobre el ‘céntimo verde’ para que gasistas y petroleras financien parte de su factura, y piden que las eléctricas que tienen recursos hidráulicos y centrales nucleares amortizadas, también contribuyan a la financiación.
En fin, que mientras las soluciones se aplazan, los implicados están cada vez más enfrentados entre ellos y con el propio Gobierno.