Con el riesgo país disparado, la Bolsa cayendo y miles de voces clamando por nuevas medidas de ajuste para calmar a los mercados, sindicatos y patronal se reúnen mañana por la tarde en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para el Empleo y la negociación Colectiva 2010-2012. La trascendencia del encuentro se debe a que el Gobierno desea fervientemente que desde la mesa de negociación se pueda transmitir el mensaje de que se avanza en la reforma laboral y que esto pueda actuar como freno al castigo que está sufriendo España como consecuencia de la grave crisis fiscal irlandesa.
Los agentes sociales se habían comprometido a modernizar el sistema de negociación colectiva en seis meses tras el acuerdo del 9 de febrero. La reforma laboral y su tramitación parlamentaria han alargado ese plazo hasta marzo, pero las señales, si es que hay algún avance, deben darse antes.
Los analistas coinciden en que la única forma de aplacar a los mercados es acelerar el proceso de transformación y poner en marcha medidas adicionales. En el caso de reforma laboral, afirman que se ha quedado a medio camino, por lo que «una mejora en el sistema de negociación colectiva junto con los cambios en el sistema de pensiones pueden ser una baza importante».
Esta misma mañana, el Gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, ha insistido en la necesidad de modificar los convenios colectivos para incrementar la productividad, vital para la recuperación económica. «La flexibilidad interna es necesaria para establecer una relación más estrecha entre la evolución de la productividad y el comportamiento del mercado de trabajo y constituye una herramienta esencial para recuperar competitividad e incrementar el dinamismo del crecimiento económico», dijo.
El Gobierno, por su parte, ha impuesto el 20 marzo como fecha límite para el acuerdo y afirma que la reforma de los convenios es un tema de «capital importancia» para el modelo de relaciones laborales en España.
Entre los aspectos que los empresarios consideran vitales a negociar (ver documento adjunto) está la prórroga de un convenio colectivo de forma automática si no hay un acuerdo para su revisión, la llamada ultraactividad, y la regulación de la cláusula de descuelgue, que permite no aplicar materias pactadas en convenios sectoriales.
Los sindicatos, que exigen responsabilidad a los empresarios, reclaman una mayor presencia de los trabajadores en las decisiones de dirección de las empresas y que se amplíe la cobertura de los convenios, ya que según datos sindicales, entre el 20% y el 25% de los trabajadores carecen de ellos. También piden que se amplíe la eficacia de los convenios sectoriales y normas más claras sobre representatividad.
El profesor y director de la Cátedra de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo del IESE, Antonio Argandoña, señalaba esta semana que el actual sistema de negociación colectiva es «perverso» ya que, en su opinión, las empresas no pueden cambiar las condiciones laborales cuando las cosas van mal y la única solución que encuentran es la de «despedir a los trabajadores». Se refiere, específicamente, a las cláusulas de revisión salarial ligadas a la inflación o las dificultades para aplicar reducciones de sueldo de forma temporal.
El inicio de esta negociación, la más complicada desde la huelga general, se prevé tenso. Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras, ha pedido a CEOE que «resuelva» su crisis de dirección para no «lastrar» las negociaciones pendientes con los sindicatos y ha exigido al secretario general de la patronal, José María Lacasa, que «más que decir frases, se dedique a actuar». Ha criticado que pida «responsabilidad» a los sindicatos cuando los empresarios también «deben cumplir» y firmar los convenios colectivos pactados en febrero. «La inmensa mayoría de los convenios siguen sin firmar, y esto es responsabilidad de la patronal», añade.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha criticado la amenaza del Gobierno de legislar unilateralmente en la negociación colectiva. Las declaraciones «no estimulan la recuperación de un diálogo social potente entre empresarios y sindicatos», señala.
De hecho fue el propio presidente del Gobierno el que la semana pasada recordó en el Congreso que el próximo 20 de marzo concluía el plazo para modificar el sistema de negociación colectiva y que «en su defecto, la formulará el propio Gobierno». Así anunció que el próximo viernes, se concretaría un plan de acción que recogería una serie de medidas adicionales con «un calendario de compromisos concretos de aquí al final de la legislatura».