¿Por qué hay que reformar las pensiones ahora?
El Gobierno trasladó en febrero al Pacto de Toledo la propuesta de elevar progresivamente la edad legal de jubilación hasta alcanzar los 67 años, así como la posible vinculación de otros parámetros del actual sistema (edad mínima de jubilación, número de mínimo de años cotizados para acceder a la pensión y periodo de cómputo para calcular la pensión, entre otras) a este alargamiento de la vida laboral. La propuesta se incluyó en la Actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013, aprobado el pasado 29 de enero, con el que España se comprometía a reducir su déficit fiscal.
¿Cuáles son los argumentos para apoyar la reforma?
Según el Gobierno, cada año que se retrase la edad legal de jubilación se reduciría en un punto del PIB el gasto en pensiones. Y cada año que se amplíe el número de años para el cómputo de la pensión, añaden, se podría obtener una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. Actualmente el desembolso por las pensiones representa el 9% del PIB. Según la Comisión Europea, si no se introducen medidas, llegará 15,7% en 2050.
¿En qué consiste el acuerdo?
El acuerdo se materializará en forma de resolución que será aprobada antes de fin de año en el Congreso y que servirá como documento base para empezar a preparar la reforma de las pensiones. Es decir, lo que se ha acordado, con la contradictoria coletilla de “en materia de edad legal de jubilación no ha habido acuerdo”, es iniciar la negociación de la reforma ahora con todos los agentes sociales implicados. El Gobierno insiste en ampliar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y mantiene su disposición a llevar la propuesta al Consejo de Ministros del 28 de enero. Algunos opinan que realmente no tendría que ‘quemarse’ en esa batalla, porque si se alarga la vida laboral y se amplía el periodo de cálculo, el efecto sería parecido. Ahora la edad real de jubilación está en 63,5 años.
¿Cuáles son los principales puntos a modificar?
–Ampliar el periodo para calcular las pensiones: Ahora, para su cómputo, se toman como referencia los últimos 15 años cotizados. Se ha pactado que la ampliación se hará con criterio gradual y seguirá habiendo una pensión máxima y una pensión mínima. La idea que más circula es ampliarlos a 20, algunos han sugerido que hasta 25. Según Izquierda Unida, la ampliación del período de cálculo hasta los 20 años -desde los 15 actuales- supondría un recorte del 10% en la pensión media en el año 2030. Esta medida beneficia a todos aquellos que han salido de forma prematura del mercado laboral, pero perjudica al resto, que son mayoría, ya que normalmente se gana más en los últimos años cotizados y, si se amplían los años de referencia, lógicamente baja la media.
–Otorgar más peso a los últimos años cotizados: El objetivo es facilitar la pensión máxima si se pierde el trabajo en los últimos de la vida profesional pero se tienen muchos años cotizados. Ahora para acceder al máximo de pensión, además, hay que haber cotizado durante 35 años. Así, con 35 años cotizados y los últimos 15 por el importe máximo, se percibe tras la jubilación la pensión máxima, que es de 2.466,2 euros al mes, por catorce pagas.
– Incentivos para retrasar la edad de jubilación: Ya hay bonificaciones para aquellos que prolonguen su actividad laboral de forma voluntaria más allá de los 65 años. La idea es ofrecer más ventajas. Se baraja, además, hacer compatible el cobro del plan de pensiones privado con la continuación de la actividad o/y bonificar las cuotas de los empresarios a la Seguridad Social para aquellos empleados mayores de 55 años.
– Coto a las prejubilaciones: a finales de 2009 había 8,6 millones de pensionistas, casi un millón más que hace diez años. Las prejubilaciones en muchas empresas han sustituido a las regulaciones de empleo, que tienen un mayor coste sobre todo en clima social. La idea es limitar las prejubilaciones que sólo se otorgarían a aquellos trabajadores que tengan muchos años cotizados y a colectivos que desarrollan su actividad en tareas de especial dureza.
¿Cómo se aplicarán las medidas?
Los expertos opinan que, desde su aprobación, habría que hacerlo de forma gradual. O sea, en el primer año de aplicación, que el cómputo para calcular la pensión sea de 16 años, el siguiente, 16; y así hasta alcanzar la ampliación que se fije. Si algunos de los ‘jubilables’ considera que la nueva normativa le beneficia más, podrá aplicársela.
¿Qué prácticas se van a dificultar?
Además de las prejubilaciones que enmascaran ERE, también se pone coto a una práctica muy extendida de cotizar por la pensión mínima durante gran parte de la vida laboral y hacerlo por la máxima sólo durante los últimos años para mejorar la pensión a recibir.
¿Cuándo podría entrar en vigor?
La idea es que antes del verano pueda estar una nueva ley aprobada, y que entre en vigor a partir de 1 de enero de 2011. Son estimaciones del propio Gobierno, que reconoce que todavía hay mucho camino por andar.