Probablemente la palabra que mejor define 2010 sea recorte. Este año la tijera se ha paseado por las principales áreas de la economía española. La mayor parte de las medidas tomadas se han hecho en aras de la “exigencia de los mercados”. Unos mercados que siguen con la mano en alto y dispuestos a castigarnos cada vez que entienden que se pone en peligro el sistema.
Así, entre otras cosas, 2010 ha supuesto la puesta en práctica o el anuncio de las siguientes medidas
-El final del cheque bebé de 2.500 euros por nacimiento a partir del 1 de enero de 2011
-Se acabó la deducción por compra de vivienda habitual, también a partir del próximo 1 de enero, para los que tengan una base imponible superior a 24.107,20 euros. Para la deducción por cuentas de ahorro vivienda, se fija la misma base
-Finaliza la ayuda de 426 euros a los parados que hayan agotado la prestación por desempleo y no cuenten con otro tipo de ingresos. La ayuda para estas personas se sustituye por programas de inserción laboral que empezarán a aplicarse a partir de febrero de 2011
–Congelación de las pensiones, salvo las mínimas (tres millones de receptores)
-Reducción del gasto farmacéutico a través de un descenso del precio que se paga a las compañías farmacéuticas por los medicamentos
-Subida del IVA desde el mes de julio pasando el tipo general del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%
-Reducción del 5% de media del salario de los funcionarios
-Supresión, excepto para rentas muy bajas, de la deducción de hasta 400 euros en el IRPF
-Aumento del tipo de retención aplicable a las rentas del ahorro, elevándose el tipo del 18% al 19% para los primeros 6.000 euros y al 21% para el resto
-Subida de los impuestos especiales del tabaco, la de los hidrocarburos se había producido en 2009
–Reforma del mercado laboral, que ha supuesto, entre otras medidas, incluir el absentismo como causa de despido objetivo bajo algunos supuestos y límites a la duración de los contratos de obra
-El Pacto de Toledo acomete la reforma de las pensiones, tanto de la fórmula para calcular su cuantía, en la que se ampliará el número de años, como probablemente de la edad a la que se accede a la jubilación, que podría pasar de 65 a 67 años.
–Recorte del gasto público de 50.000 millones hasta 2013 de los que un total de 40.000 millones corresponderán a partidas de la administración estatal, y el resto, a las demás administraciones
–Subida de cotización para las rentas más altas. Los nuevos tramos afectan a las bases comprendidas entre 120.000,2 euros y 175.000,2 euros y a partir de 175.000,2 euros
–Renta irregulares como bonus y otros premios. Se limita a 300.000 euros la cuantía de los rendimientos íntegros a los que se aplica la reducción del 40%, siempre que se hayan generado en un periodo superior a dos años y no de forma recurrente.
Según los datos de ejecución presupuestaria dados a conocer la semana pasada, hasta noviembre, el Estado registró un déficit (resultado negativo de restar los gastos a los ingresos) de 38.765 millones de euros en términos de contabilidad nacional, que equivalen a un 3,68% del PIB. Este saldo negativo de las cuentas estatales es inferior en un 45,8% al registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando el déficit acumulado ascendía a 71.525 millones de euros. Esta cifra suponía el 6,79% del PIB.
A falta del dato de diciembre, el déficit de la Administración central del Estado se sitúa casi tres puntos por debajo de lo establecido para el conjunto del año (6,7% del PIB), por lo que el Gobierno afirma que se cumplirá el objetivo marcado de reducción para este año. Según los datos del ministerio de Economía y Hacienda, el efecto neto sobre la recaudación de impuestos de las medidas aprobadas se había elevado, hasta el mes de noviembre, a 5.650 millones de euros.
Además de las medidas anteriormente mencionadas, el Gobierno también ha aplicado reformas que tienen como objetivo reanimar la actividad empresarial y el mercado de trabajo, con ventajas fundamentalmente para las pymes que, por ejemplo van a ver reducido el coste de creación de una empresa o los plazos de amortización de sus activos. Asimismo, el periodo de pago de las empresas públicas se verá reducido.
También se han creado mecanismos para proteger al sector financiero. Así se creó en junio de 2009 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se ha empezado a utilizar este año. Su dotación es de 9.000 millones de euros, en parte aportados por los presupuestos generales del Estado y en parte por el Fondo de Garantía de Depósitos, y tiene por objeto gestionar los procesos de reforma de entidades de crédito y contribuir a reforzar sus recursos propios.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya ha anunciado que, al menos, serán cinco los años necesarios para superar la crisis y, tal como siguen los mercados, tal vez sean necesarias medidas adicionales además de implementar muchas de las que se han anunciado en 2010.