El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, dijo este lunes que se dan las «condiciones necesarias» para que este martes se cierre el gran pacto económico y social que firmará el Gobierno y los agentes sociales el 2 de febrero en el Palacio de la Moncloa.
Por su parte, la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, dijo que aunque «no está todo completamente cerrado», ya hay «un principio de acuerdo muy sustancial», en referencia a los temas pendientes por pactar, como son políticas industriales, energéticas y de I+D+i.
Rodríguez dijo durante su intervención en un seminario económico organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que en estas horas se están terminando de negociar el acuerdo global que de momento «no está cerrado en su totalidad».
En el mismo sentido, Ferrer añadió, en el mismo seminario, que las tres partes «trabajan» este lunes «intensamente» y que si no hay «contradicciones» el texto definitivo podría cerrarse este martes, un día antes de su firma en el Palacio de la Moncloa.
En ese pacto económico y social se incluye la reforma de las pensiones, cambios básicos en la negociación colectiva, en las políticas activas de empleo y en el desarrollo de la reforma laboral, así como temas relacionados con las políticas industriales, energéticas y de I+D+i.
No obstante, Ferrer indicó que estos asuntos serán ratificados este martes por los órganos de Gobierno de UGT, así como por el Consejo Confederal de CCOO y las juntas directivas de la CEOE y CEPYME.
Sobre el principio de acuerdo en torno a la reforma de la negociación colectiva, el documento que firmarán este martes deja constancia de tres aspectos claves, la autonomía de sindicatos y patronales para negociar, que el establecimiento de la estructura de la negociación en cada sector debe corresponder a su ámbito y que la reforma debe impulsar la flexibilidad interna de las empresas.
El documento de cuatro páginas, que el miércoles rubricarán los interlocutores sociales, señala que el futuro Acuerdo Interconfederal debe mejorar la gestión y administración permanente de los convenios durante su ámbito temporal, potenciando los instrumentos de consulta, interpretación, solución de discrepancias y propiciando que los medios de solución extrajudicial de conflictos aporten asistencia activa.
El texto no menciona la cláusula de ultraactividad que las patronales quieren eliminar, ni el posible descuelgue general de las empresas de los convenios colectivos.
El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, lamentó que el director de Relaciones Laborales de la CEOE, José de la Cavada, abogara este lunes por retirar dicha cláusula y que el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, dijera que «sólo debería haber convenios estatales y empresariales».
Górriz dijo que «condicionar al acuerdo cuando todavía no se ha ratificado supone empezar a quebrar ese acuerdo antes» de tiempo, tras añadir que son «muy criticables» tanto las actitudes de la CEOE como las declaraciones del ministro, a quien «le concierne poco entrar en la negociación».
Insistió en que la modernización del sistema de negociación colectiva pertenece al ámbito bipartito y que «cualquier actitud fuera tendrá un dudoso éxito».
Tanto Górriz como Ferrer eludieron elevar la firma del próximo miércoles a la importancia de los «Pactos de la Moncloa» y dijeron que, pese a que es un reto muy importante, no tiene que ver con los otros pactos firmados en los años 1990 y que fueron más políticos.
Górriz añadió que los adjetivos están «fuera de lugar», mientras que Ferrer indicó que los sindicatos harán un esfuerzo para que IU se incorpore también a este pacto en el Parlamento.