La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, garantizó este miércoles que si el Estado entra como accionista en una caja, la entidad dispondrá de «hasta cinco años» para reforzar su capital, con lo que disipa el temor de CiU de que una institución pueda ser subastada precipitadamente.
Además, en declaraciones a la prensa en el Congreso tras esta afirmación, Salgado reiteró su deseo de que el PP apoye el plan para reforzar el sector financiero que el Gobierno aprobará este viernes. «Es especialmente importante que el único partido que en algún momento puede gobernar participe en decisiones importantes del sector financiero», apostilló la ministra.
Minutos antes, en respuesta a una interpelación al portavoz de ERC, Joan Ridao, Salgado dijo que el Estado «no tiene vocación de permanencia» en las entidades que reciban una inyección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Pero aclaró que el FROB sí tiene la «intención de estar todo el tiempo que sea necesario para que el proceso de reforzamiento pueda llevarse a cabo», si bien dio de plazo cinco años, el mismo tiempo que ya puso en enero como límite de permanencia del Estado en el accionariado de una entidad.
Ridao comparte la opinión del portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, de que una subasta rápida sólo permitirá que las cajas se acaben vendiendo «a precio de regalo, al mejor postor» (bancos españoles y extranjeros). A juicio de Ridao, al final se acabará en un «oligopolio en el que los bancos no tendrán competidores y excluirán a sus clientes menos lucrativos», lo que acabará influyendo negativamente en el crédito. «La urgente necesidad de capital pondrá a las cajas en manos de jugadores deseosos de beneficios inmediatos y más rentabilidad», advirtió Ridao.
Además, reprochó a Salgado, la «auténtica discriminación» que es exigir a las cajas un 10 por ciento de capital principal respecto a activos de riesgo, frente al 8 por ciento de los bancos. Salgado insistió en que la distinción no es por tipo de entidades, sino por la presencia o no de inversores privados y la dependencia superior al 20 por ciento de los mercados mayoristas.
Ridao mantiene que eso es exigir un capital «fuera del alcance» de la mayoría de las cajas y un «suicidio asistido» para las mismas, «con dinero público», y que llevará a la desaparición de la obra social. Para defenderse de estas críticas, Salgado argumentó que la reforma pretende que las cajas puedan seguir cumpliendo con su obra social, que sólo se puede llevar a cabo cuando hay beneficios.
Además, la vicepresidenta consideró que de cara a los nuevos exámenes de solvencia, cuya publicación está prevista para mediados de año, «sería de desear» que, en ese momento, las entidades los pudieran resolver «sin dificultad».
En cuanto al coste para el erario público de las medidas financieras, Salgado dijo que «apenas» llega al 1,5 por ciento del PIB y destacó que el Tesoro lleva ingresados ya cerca de 3.000 millones con las actuaciones para reforzar la liquidez.
Esa cantidad es el resultado principalmente de los intereses generados con la compra a las entidades de activos financieros por parte del Estado.
Por último, ante la acusación de Ridao de que Economía «sustrae» las competencias autonómicas sobre las entidades financieras, la vicepresidenta aseguró que «la propuesta que el Gobierno va a plantear no va a alterar en nada el modelo competencial existente».